Educación admite «posibles dificultades» con los horarios

La titular de la Consejería de Educación, Adelaida de la Calle, ha negado que la Orden por la que se ha modificado la normativa autonómica que regula la organización y el funcionamiento de los institutos de Educación Secundaria, horario del profesorado incluido, haya ocasionado incidencias, si bien, algunos sindicatos aseguran lo contrario. Es más, LA RAZÓN ha tenido acceso a un escrito que el director general de Ordenación Educativa, Abelardo de la Rosa, ha remitido a los directores de instituto de Educación Secundaria en el que, tras explicar el cambio normativo introducido, se asevera que éste se ha realizado, «en el marco de las condiciones establecidas por el Real Decreto 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, es decir, en el contexto del aumento de horas lectivas del profesorado decidido» a nivel estatal, y admite que «es posible que en algunos casos concretos pudieran producirse dificultades en la confección de los horarios generales del profesorado con los mismos criterios con que venían elaborándose hasta ahora».

En relación a lo que entienden lugar común en la Junta de apuntar hacia arriba, fuentes de la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) apuntan que, aunque es cierto que el Gobierno central llevó a cabo en 2012 «recortes inaceptables», las comunidades «tenían un cierto margen de maniobra». «Por ejemplo, en Castilla y León, decidieron computar una de las horas de guardia como lectivas, dentro de lo que marcaba la normativa estatal, lo que palió mucho tanto el número de profesores ‘despedidos’ como las condiciones laborales. Sin embargo, aquí en Andalucía se optó, en cambio, por aplicar los recortes en su literalidad, sin medidas paliativas», sostienen. A juicio de esta organización, «la consejería no puede obviar su responsabilidad y debe devolver a los institutos a los profesores despedidos en lugar de seguir financiando a la ‘Administración paralela’ como ha hecho recientemente destinando 200.000 euros a un contrato de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (Agaeve)», que adelantó este periódico, denuncian.

Otro sindicato también ha querido replicar la versión de De la Callle. Se trata de CSIF-A. Su presidente del sector de Enseñanza, Francisco Hidalgo, contrapone la «realidad que viven los centros» con las afirmaciones de la consejera sobre que la adaptación de los turnos del profesorado se lleva a cabo «con normalidad dentro de la autonomía de gestión» de los institutos y que con ello «se mejorarán las condiciones laborales» de los docentes. Según Hidalgo, «los horarios de Secundaria están repletos de chapuzas, medias verdades, omisiones y otras irregularidades» para «lograr una apariencia de legalidad». «Se pueden constatar instituto por instituto los encajes imposibles», remata.