El abogado de Guerrero insiste: tiene derecho a los 50.000 euros de fianza

El juzgado le ha transferido ya 25.350, pero De Pablo reclama el resto, los otros 24.650

Ha tomado en las últimas semanas decisiones ligadas a fianzas impuestas en el «caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE)» presuntamente fraudulentos. Entre ellas, la jueza María Núñez Bolaños acordó, vía providencia fechada el pasado 22 de febrero, devolver al abogado del ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero, uno de los investigados en el «macroproceso», 25.350 euros de los 50.000 que se abonaron para que éste pudiera salir de la cárcel en 2012. ¿Y el resto? «Aféctese a la pieza de responsabilidad civil», marcó la instructora. Pero el letrado Fernando de Pablo no se conformó y ha formulado un recurso de reforma en el que argumenta que el contenido de la mencionada providencia «contradice» lo acordado en un auto del 1 de diciembre del mismo juzgado en el que «se dejaba sin efecto la fianza impuesta con fecha 17 de octubre de 2012». Explica en su escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que para que se materializara la devolución «se debía verificar la titularidad de la misma» y su «procedencia», requisitos que, según De Pablo, «se han cumplido sobradamente, toda vez que el certificado de la cuenta corriente acredita» un depósito y el resto procede, afirma el representante legal de Guerrero, de fondos recaudados por su despacho. «Fue este letrado –se añade en el recurso– quien efectuó la entrega de la totalidad de los fondos y se convierte en fiador y asume el riesgo en relación con mi representado». Y por si hubiese aún alguna duda, De Pablo traslada a Núñez que, en base a la legalidad vigente, «el derecho al 100% en los supuestos de devolución de fianza corresponde al titular de quien la depositó» y, en este caso, el dinero procedió de «su propio patrimonio», por lo que le corresponde el íntegro reintegro de «los 50.000 euros, y nunca una parte parcial». No existe, a juicio del abogado, «fundamento alguno» para que se le «cercene» su derecho «con la entrega de sólo una parte», afirma.

Defiende además, antes de pedirle a la jueza que le transfieran los 24.650 euros restantes, que la adscripción de los fondos a la pieza de responsabilidad civil de Guerrero «no procede». ¿Por qué? Dado que «ha quedado acreditado» que «en ningún momento» éste «ha dispuesto» de ellos para «hacer frente a su fianza», siendo su abogado quien la asumió. Una «inexistencia» de dinero que se evidencia, para su todavía representante procesal en algunas piezas, en la «imposibilidad de hacer frente a la misma en reiteradas ocasiones» o en «tener embargadas sus cuentas, bienes y, en su caso, propiedades». «Difícilmente se pueden afectar esos fondos a su responsabilidad civil, concluye, ya que «no son de su titularidad».