Bruselas

El ajuste tras el incumplimiento del objetivo de déficit es ineludible

La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, ayer en rueda de prensa en la sede de la formación
La vicesecretaria de Organización del PP-A, Ana María Corredera, ayer en rueda de prensa en la sede de la formaciónlarazon

El mensaje oficial repetido desde la Junta es que la comunidad no tendrá que revisar sus cuentas ni que implementar ningún plan de ajuste adicional, pese a que se haya incumplido el techo de déficit fijado en 2012.

El mensaje oficial repetido desde la Junta es que la comunidad no tendrá que revisar sus cuentas ni que implementar ningún plan de ajuste adicional, pese a que se haya incumplido el techo de déficit fijado en 2012. La comunidad, según los datos avanzados el jueves por el Gobierno, cerró el ejercicio en un 2,02 por ciento, cuando el listón pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) era el 1,5 por ciento.

Andalucía no es la única comunidad que incumple, ni tampoco la que más. A la cabeza, y con diferencia, está Valencia, con un déficit desbocado del 3,45 por ciento en el pasado año. No obstante, la desviación andaluza sí que implicará, de manera ineludible, un ajuste adicional de en torno a 700 millones de euros: 140 millones por cada décima por encima del techo pactado.

El Ejecutivo de Griñán, como el resto de comunidades incumplidoras, está esperando instrucciones por parte del Ministerio de Hacienda. Es pronto. Los datos oficiales se conocieron hace sólo dos días. Es ahora Bruselas, concretamente Eurostat, quien tiene que chequear todos los datos que le ha enviado España. Cuando este proceso acabe, habrá novedades. Y la principal es si finalmente la Comisión Europea da más margen a España para cumplir con la senda de estabilidad. De abrir la mano Bruselas, las regiones obtendrían también con toda seguridad más margen. Pero de momento nada hay decidido. Y ésta es la principal equis por despejar. El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, evitó el viernes de la semana pasada concretar este ensanchamiento de los márgenes de déficit. Espera a que el Gobierno aporte más información sobre su estrategia fiscal de los próximos años y tener en la mano los datos ya consolidados de 2012.

El déficit que deben cumplir las comunidades en 2013 es del 0,7 por ciento. Tanto el presidente andaluz como la consejera de Hacienda y Administración Pública han reconocido en más de una ocasión que ajustarse a este severo objetivo es realmente difícil. De ahí que unas décimas adicionales fruto de un eventual acuerdo de España con Europa sean vitales. ¿En qué posición queda por tanto Andalucía respecto al resto de regiones que sí se han cumplido con el objetivo de déficit? En clara desventaja. Los 700 millones de desviación no desaparecen por ensalmo, sino que la región tendrá que dar un salto mayor, pasando del 2,02 por ciento de 2012 al 0,7 o a una cifra ligeramente mayor si hay acuerdo con Europa. El esfuerzo de Extremadura, que está en el polo opuesto, con un déficit en 2012 de 0,69 por ciento, va a ser muy inferior. Igual ocurrió el año pasado. Una abultada desviación del déficit –Andalucía cerró 2011 en el 3,22 por ciento, cuando el tope era el 1,3– fue lo que provocó un duro plan de ajuste de 2.500 millones de euros.

Todavía no está definido si el Ministerio de Hacienda le va a exigir a Andalucía otro plan de ajuste. Dependerá de los datos que vaya ofreciendo y de si el posible margen de Bruselas le da a la comunidad para cubrir esos 700 millones que arrastra de desviación. Aunque teniendo en cuenta los precedentes, todo apunta a que el Ministerio de Montoro le pondrá nuevos deberes a la región. Y para hacer que se cumplan tiene en su mano la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el temido artículo 25 de medidas coercitivas.

En caso de incumplimiento de los planes económico financiero por parte de las comunidades, las regiones tienen que aprobar a los 15 días «la no disponibilidad de créditos que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido». Puede obligar asimismo el Gobierno a constituir un depósito equivalente al 0,2 por ciento del PIB de la comunidad que puede convertirse en sanción. De no ser esto suficiente, también puede acordar el envío de una comisión de expertos del Ministerio de Hacienda para valorar la situación: los «hombres de negro» de Montoro.