El bipartito aparca la confrontación para rescatar a cuatro ayuntamientos

El vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, dejaron ayer a un lado el discurso de la confrontación contra el Gobierno de Rajoy por un motivo: dinero. Ambos se desplazaron a Madrid para mantener una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y miembros de su equipo, un encuentro bilateral que se centró en este caso en las finanzas de los ayuntamientos.

Ambas administraciones acordaron abordar «con carácter de urgencia» la situación de «extrema gravedad» que viven tres consistorios gaditanos, Jerez de la Frontera, Barbate y La Línea de la Concepción, al que sumaron el sevillano de Los Palacios. En todos se acumulan los retrasos en los pagos de las nóminas y a proveedores, y se multiplican las dificultades para la prestación de servicios a los ciudadanos.

Al término de la sesión de trabajo, solicitada por la comunidad, Valderas, Aguayo y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, explicaron que el acuerdo pasa por la creación de una Comisión Mixta Estado-Junta que «a la mayor brevedad posible» analizará la problemática de casi una treintena de ayuntamientos andaluces. Y dentro de ese grupo, se revisará «con urgencia» la de los cuatro mencionados, que el Ejecutivo autonómico considera en situación de «mayor dificultad».

«Va a haber una actuación rápida para salvar situaciones de extrema gravedad», sintetizó el vicepresidente regional. En ese sentido, expusieron que las soluciones que esa comisión ofrecerá a estos cuatro consistorios «irán en la misma línea» y serán de «similar calado» que lo que el Ministerio de Hacienda ha acordado ya con el Ayuntamiento de Jerez, como la medida de la reducción de la retención de la participación en los ingresos del Estado (PIE).

Según Beteta, con el objetivo de favorecer la liquidez de todas las entidades locales y «garantizar la vuelta al equilibrio presupuestario», el Gobierno de la Nación estudia establecer a nivel nacional instrumentos para ayudar a los consistorios a hacer frente a esas situaciones de «urgente necesidad».

El secretario de Estado matizó en ese punto que ese instrumento «no tiene por qué ser un fondo» y adelantó que los ayuntamientos que se sirvan de él deberán tener un plan de saneamiento.

Se trata de una medida que estará enmarcada en la reforma de la Administración local que el Gobierno llevará en breve al Congreso y que, como insistió ayer Beteta, será consultada con las comunidades con competencias estatutarias para ello y con las diferentes fuerzas políticas del arco parlamentario.

Por su parte, Valderas y Aguayo trasladaron al Ministerio un decálogo de propuestas, entre las que están la aportación de un Fondo de Liquidez Local destinado a sanear las cuentas de consistorios y mancomunidades con problemas acuciantes, la devolución por la Agencia Tributaria de las cantidades de IVA abonado por los ayuntamientos; o la flexibilización del objetivo de déficit o el establecimiento de mecanismos para el adelanto de la PIE. En concreto la consejera apuntó que la evaluación realizada por ambas administraciones arroja una «evolución positiva» de las cuentas de los ayuntamientos andaluces, con una deuda por habitante «muy por debajo» de los consistorios de otras regiones como Cataluña, Valencia o Baleares.