El cargo que desveló el fraude reclamó 8,9 millones a una fundación

La gestión de la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo, conocida por sus siglas Faffe, se encuentra en el punto de mira del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el ámbito de la «macrocausa» de los cursos de formación.

La gestión de la extinta Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo, conocida por sus siglas Faffe, se encuentra en el punto de mira del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el ámbito de la «macrocausa» de los cursos de formación. Con anterioridad, la Cámara de Cuentas de Andalucía ya había apuntado que el ente público recibió subvenciones nominativas por valor de casi 49 millones de euros en 2009 y 2010 de las que «no consta justificación alguna, a pesar de haber finalizado el plazo límite para ello».

En relación a una de esas ayudas, entre la documentación que obra ya en poder del mencionado órgano judicial consta un acuerdo de inicio del procedimiento para el reintegro de los fondos firmada por el ex director general de Formación Profesional para el Empleo Carlos Cañavate el 17 de octubre de 2014. Ni un mes después, el 11 de noviembre, la Junta anunció el cese del ex alto cargo, abogado de profesión, a «petición propia». Su declaración previa ante la Guardia Civil, en la que admitió, entre otras cuestiones, haberse encontrado 950 millones en ayudas sin justificar al llegar a su puesto, permitió avanzar en la investigación que entonces dirigía la ex titular del juzgado Mercedes Alaya –sustituida hoy por María Núñez Bolaños–.

En el documento se explica que mediante una resolución del 22 de diciembre de 2009, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) concedió una subvención excepcional por importe de 8.962.792,00 euros a la fundación para la ejecución de la cuarta fase de un plan de formación ligado al Protocolo de Colaboración suscrito el 4 de julio de 2007 para el personal procedente de Delphi y de la industria auxiliar hilvanada a la multinacional en la provincia de Cádiz.

El objeto de la misma pasaba por proporcionar a esos ex trabajadores una formación especializada en perfiles profesionales competitivos en el mercado laboral y se elaboraron para ello tres itinerarios formativos. El ámbito de actuación del mismo era la Bahía gaditana y su comarca. ¿El plazo de ejecución? Abarcaba desde el 9 de febrero de 2009 hasta el 31 de diciembre de ese año, siendo el límite temporal de justificación el 30 de marzo de 2010.

Del expediente de la ayuda se desprende que con fechas 5 y 12 de marzo de 2010 se procedió al abono de 66 pagos de 100.000 euros y uno de 122.094, correspondientes a un global de 6.722.094. Después, el 25 de noviembre de 2010 se hicieron otras 22 entregas de 100.000 euros y una final de 40.698, de los 2.240.698 euros restantes. También se registraron diversas peticiones de ampliación del periodo de ejecución por parte de la Faffe, así como del plazo de justificación, que se concedieron. A lo que hay que sumar alguna demanda de modificación de las partidas presupuestarias del plan subvencionado. Por el camino, las competencias en formación pasaron de la Consejería de Empleo a la de Educación. Una vez asumidas éstas por la última y en el ámbito de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo se analizó la justificación de la ayuda. Se había producido además otro cambio: la Faffe se extinguió y se subrogó al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), al que se le remitió un escrito en julio de 2014 requiriéndole datos, «tras comprobarse –se asevera en el texto rubricado por Cañavate– que no se deduce la imputación directa de los gastos declarados en la Cuenta Justificativa presentada con cada uno de los cursos o proyectos formativos impartidos, de acuerdo con lo previsto en la Ley General de Subvenciones». Se reclamaron las relaciones que recogieran «todos los gastos y pagos imputados a cada una de las acciones» ejecutadas y «todas las facturas, justificantes de pago y demás documentos de valor probatorio equivalente, de cada uno de los gastos declarados tanto de la entidad beneficiaria como de todos los posibles agentes externos» participantes en el proyecto. Demanda que «no fue atendida», lo que dio origen a que se optara por arrancar el procedimiento de reingreso del dinero público, «al haber incumplido la entidad beneficiaria su obligación de justificar la subvención».

La cuantía provisional de la cifra a devolver se fijó en los 8.962.792 euros, si bien, se condicionó el «efectivo reintegro» al «análisis de las alegaciones –que hubo–y de la documentación que el SAE pudiera aportar» para determinar el montante principal a devolver finalmente, más «los correspondientes intereses de demora».