El cauce irregular de los ERE

El convenio que firmaron en julio de 2001 el ex consejero de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández (entonces viceconsejero y responsable del IFA, el ente a través del cual se pagaron las ayudas) es la pieza nuclear del caso. A partir de ese convenio, los pagos escapan a la Ley de Subvenciones, a la publicidad –no se publican en el BOJA ni pasan por el Consejo de Gobierno–, a la concurrencia, a la legalidad –los pagos se hicieron «prescindiendo de forma total y absoluta del procedimiento administrativo establecido», señaló la Intervención– y a la fiscalización del máximo órgano de control de la Junta. Este periódico desvela hoy cómo Empleo paralizó una ayuda excepcional para 14 trabajadores que iba a seguir los trámites legales para desviarla al trámite corrupto hoy investigado, después de que se firmara el polémico convenio ya citado. Este capítulo se enmarca en la deliberada intención con la que la Junta creó un sistema «ad hoc» para escapar a todos los controles y poder repartir el dinero de prejubilaciones y ayudas a empresas con total libertad, sin cortapisas. Lo llamativo es que después de todos los desmanes destapados, el presidente de la Junta aún siga defendiendo la legalidad de las partidas –las defendió en su última comparecencia parlamentaria– y asegurando que ni siquiera hay un «fondo de reptiles», sino unos «desaprensivos» que se han aprovechado del sistema. No es así. Como bien prueba la información de LA RAZÓN, se cambió un curso legal de pago por otro irregular, incluso cuando las ayudas legales estaban ya en marcha. El que paralizó esta ayuda, por cierto, es un consejero que no está ni siquiera imputado.