El CGPJ da luz verde al reingreso al servicio activo del juez Serrano

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves el reingreso al servicio activo del magistrado Francisco Serrano, que fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) a dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación culposa tras modificar el régimen de visitas de un menor para que éste asistiese a una procesión de la Semana Santa de Sevilla.

El órgano de gobierno de los jueces ha actuado en ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo que ordenó el pasado 8 de noviembre su rehabilitación una vez había cumplido la condena a dos años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como autor de un delito de prevaricación judicial.

La sentencia del Tribunal Supremo, notificada el pasado 8 de noviembre, anuló por no ser conforme a derecho un acuerdo anterior del CGPJ que había rechazado la petición de rehabilitación formulada por Serrano al considerar que la pena de inhabilitación especial que le fue impuesta.

Una vez acordado el reingreso al servicio activo, el magistrado tiene el deber de participar en cuantos concursos se anuncien para la provisión de plazas de su categoría, solicitando todas las vacantes que se ofrezcan hasta obtener destino en propiedad, según ha informado el CGPJ.

NO COBRARÁ LOS SUELDOS QUE DEJÓ DE PERCIBIR

El Supremo rechazó la petición del magistrado para que se le reconocieran todos sus derechos económicos y administrativos, incluida la antigüedad, desde el 27 de agosto de 2013, fecha en la que se considera extinguida la condena que se le impuso.

En noviembre de 2016, el juez había solicitado su reincorporación a la carrera judicial como magistrado una la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que, según él interpretaba, le rehabilitaba como juez.

Serrano, que ejerce ahora como abogado en un despacho sevillano, solicitaba también que se le abonaran los salarios dejados de percibir desde que “debió ser rehabilitado como magistrado” --lo que fecha el 28 de agosto de 2013--, más los intereses legales que procedan, “en virtud de lo acordado” en la sentencia del Tribunal Constitucional.

En dicha ocasión, Serrano lamentó el “calvario y la travesía en el desierto” sufridos tras ser inhabilitado tres meses después de haberse manifestado “en contra de un determinado concepto ideológico”, añadiendo que “nadie en España, ningún juez ni ningún ciudadano, tiene que ser perseguido por razón de pensamiento”.