El colegio gratis para menores de tres años exigiría al menos 250 millones

Mientras el PSOE reclama fondos para universalizar la educación infantil miles de familias pierden las ayudas

El niño con los abuelos para que la madre o el padre puedan trabajar. Esta es la alternativa para las familias que han visto cómo desaparecía totalmente o en parte la ayuda que recibían de la Junta para pagar los 209 euros –278 si incluye comedor– que cuesta que sus hijos vayan al colegio si tienen menos de tres años. Otras no cuentan con esa opción y se ven obligadas a pagar los más de dos mil euros al año que acaba costando el curso.

Son muchas las que han visto recortada este año la compensación que recibían al endurecerse los límites de renta. El porcentaje de favorecidos por algún tipo de exención es alto (88%) pero ha perjudicado a personas como Maite, una madre sevillana con contrato parcial que contaba con ese dinero para escolarizar a su hijo. Recurrió a la asociación Escuelas Infantiles Unidas al ver que su ayuda pasaba del 60 al 20 por ciento –de pagar unos cien euros a más de doscientos–. «Cuando solicité mi plaza en la primera convocatoria, en el centro me calcularon el baremo y vi que no podía pagar esa cantidad». Optó entonces por renunciar y presentar de nuevo la solicitud en la convocatoria extraordinaria, con la idea de aportar una declaración de la renta más actualizada. Esta es una de las reivindicaciones que han hecho todos los colectivos implicados e incluso el Defensor del Pueblo Andaluz. En su última memoria alertaba de este injusto procedimiento para quienes «hasta hace poco tiempo contaban con una economía perfectamente saneada y ahora no pueden hacer frente al pago de unas cuotas que, calculadas conforme a las rentas obtenidas dos años atrás, reflejan bien poco la realidad económica». Esta advertencia la ha reiterado sin encontrar una respuesta efectiva por parte de la Administración. Las quejas recibidas en la institución han aumentado desde que se modificó el decreto para el acceso a escuelas infantiles de primer ciclo, en vigor desde este curso. Según fuentes del Defensor, el repunte está relacionado con la pérdida de ayudas y las trabas para obtener plaza al limitarse a las convocatorias oficiales –antes se podía pedir en cualquier momento–. En el caso concreto de Maite, ella cobró en 2015 la baja maternal. «Ese año cobré tres veces lo que cobro ahora. No te ofrecen ninguna solución a corto plazo, solo que te metas en un contencioso», lamenta. «Hacía años que no teníamos tantas reclamaciones, de particulares y de los centros concertados», apuntan desde el Defensor. Para su informe anual, que se presentará en marzo, estudian posibles sugerencias a la Junta para introducir cambios en el próximo curso, cuyo plazo de matriculación se abre en abril. Sí reiterarán, adelantan, la necesidad de actualizar al máximo los criterios de renta computados.

Otra reivindicación afecta a las familias donde hay dos progenitores y uno de los dos no trabaja. Esto provoca que se rechacen las solicitudes «al no obtener la puntuación necesaria en los procesos de baremación», según recoge la memoria. El único movimiento del PSOE para atajar esta problemática ha sido presentar una Proposición de Ley en el Parlamento –aprobada su toma en consideración con el apoyo de todos los grupos excepto el PP, que se abstuvo– para universalizar la educación de cero a tres años y hacerla gratuita. Esto pasaría por modificar la Ley Orgánica de Educación, una responsabilidad estatal, para hacer esa etapa obligatoria. La reclamación incluye una transferencia de fondos por parte del Gobierno, que en un cálculo aproximado no bajaría de los 250 millones anuales, teniendo en cuenta el precio básico de cada plaza (209 euros) y los 99.821 niños matriculados en este curso–. En lo que compete a la Junta, aunque el segundo ciclo de Infantil se incorporó a la oferta pública, las familias deben afrontar el coste de los libros, gratuitos a partir de Primaria.