El Consejo de Transparencia exige a Canal Sur el gasto en las productoras de 2013 a 2017

La autoridad de control obliga a la televisión pública a detallar las partidas de las diferentes modalidades de producción

Canal Sur acaba de cumplir 30 años de emisión con el foco en su eficiencia y dudas por su opacidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha exigido a la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) que facilite información completa del gasto realizado en productoras audiovisuales durante el periodo 2013-2017, desglosada por las diferentes modalidades existentes: producción propia interna, producción propia externa (incluyendo las subcategorías producción financiada mixta y la financiada) y ajena. La semana pasada, en la primera comisión de control de la RTVA en el Parlamento en la legislatura del «Gobierno del cambio», Joaquín Durán defendió «el bajo coste por ciudadano de la RTVA en comparación con el resto de cadenas autonómicas y la defensa de los derechos y libertades, basados en una programación que refleja el servicio público y los valores históricos, sociales y culturales del pueblo andaluz». La Cámara, con los votos de PP, Cs y Vox, rechazó una Proposición No de Ley presentada por el PSOE-A en la que reclamaba garantías de futuro para la RTVA y el mantenimiento de los puestos de trabajo. El Gobierno andaluz ya está buscando un profesional vinculado a la gestión, al margen del periodismo, para buscar un acuerdo con los partidos y acabar con seis años de interinidad en la dirección ocupada por Durán desde 2013.

El Consejo de Transparencia considera que la información solicitada responde «claramente» al concepto de información pública recogido en el artículo 2 de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, por lo que la RTVA debe conceder su acceso. Además, la entidad reclamada no alegó ninguna causa de inadmisión ni ningún límite que justificara denegar la entrega de la citada información. Tanto es así que la agencia pública atendió la solicitud de información, pero de forma incompleta, puesto que sólo aportó al interesado las cifras totales de inversión en las categorías de producción propia y ajena, obviando el resto de tipologías existentes, fijadas en la Carta del Servicio Público de la RTVA, aprobada por el Parlamento andaluz en 2010, según informó el Consejo de Transparencia.

Por otra parte, Transparencia considera significativo analizar que la petición de información fue presentada por el reclamante en su condición de periodista, hecho que merece especial atención por parte del Consejo. Desde el arranque de su actividad, el órgano de control defendió «la estrecha vinculación que existe entre el derecho de acceso a la información y el derecho fundamental a la información, garantizado en la Constitución Española», pues «ambos están esencialmente orientados a asegurar la opinión pública libre». Esta «conexión es compartida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuya doctrina se ha hecho eco de esta relación de forma explícita y reiterada». El Tribunal profundiza y ratifica el sentido amplio del derecho a acceder a la información, concluyendo que «la libertad de recibir información abarca el derecho de acceso a la misma». Pero «aún esta interconexión entre derechos se hace más fuerte cuando son periodistas quienes los ejercen, tal y como señala la más reciente jurisprudencia del TEDH». El Tribunal, señala el Consejo de Transparencia, destaca «la importancia de que el solicitante de una información actúe en su condición de profesional de los medios de comunicación». «Si no se protege su derecho a recibir y comunicar información veraz –derecho consagrado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos–, estos profesionales no podrían desempeñar correctamente su tarea de informar sobre los asuntos de interés público y, por tanto, cumplir con la función esencial que desempeña la prensa en una sociedad democrática», señala el ente, añadiendo que «el derecho de acceso a la información pública debe concebirse como un integrante del derecho fundamental a comunicar y recibir libremente información veraz cuando es ejercido por un profesional de los medios».

Hasta la fecha, la posición de PP y Cs es la de reformar la RTVA, recurriendo, si así tuviera que ser, a la fórmula del decreto ley para ello. El PP asegura que «no va a eliminar la RTVA ni va a tomar ninguna medida drástica» sino que quiere asegurar su continuidad, «mejorar el servicio y el modelo». El propio vicepresidente Juan Marín señaló en la sede de Canal Sur que «no venimos a cortar cabezas». El PSOE-A avisó ayer de que «el diálogo institucional volará por los aires en esta legislatura» si los socios de Gobierno pretenden «cambiar las reglas del juego» para que «les salgan las cuentas» para reformar la RTVA. La portavoz de los socialistas andaluces, Ángeles Férriz, consideró una «frivolidad» que el Gobierno andaluz «lance la posibilidad de hacer una reforma del Estatuto centrada en los aforamientos y en la RTVA».

La cadena responderá «en tiempo y forma»

Canal Sur Radio y TV aclaró que «facilitará toda la información solicitada en tiempo y forma» sobre el gasto de la RTVA en productoras durante el periodo 2013-2017. La RTVA replicó que «Canal Sur facilitará toda la información solicitada en tiempo y forma, tal como hizo anteriormente con la petición realizada por la periodista ‘freelance’» sobre el gasto de productoras audiovisuales, como se recogía en su demanda, pero «la demandante lo consideró insuficiente y presentó reclamación para exigir los detalles de las distintas modalidades».