El Consejo Rector de IDEA asegura que desconocía las irregularidades

Los cuatro miembros del consejo rector de IDEA que declararon ayer como investigados y de forma voluntaria ante el juez que investiga los ERE aseguraron que desconocían las posibles irregularidades en las ayudas concedidas a empresas, y señalaron que se limitaron a dar cuenta de los convenios aprobados.

Ante el juez de refuerzo Álvaro Martín, que investiga el procedimiento específico creado por la Junta para pagar las ayudas a empresas en crisis, en el que hay 51 investigados, declararon el presidente de Unicaja y ex viceconsejero andaluz Braulio Medel. También comparecieron el ex presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía Joaquín Moya-Angeler; el ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón y la ex secretaria de Telecomunicaciones de la Consejería de Innovación Ana María Peña Solís. Todos coincidieron en subrayar que, como miembros del consejo rector de IDEA, no tenían información detallada de los convenios que se aprobaron en reuniones en las que estaba el director general de la empresa pública que pagaba las ayudas y el jefe jurídico de la Junta. Por ello, añadieron los investigados, iban «con total tranquilidad» a las reuniones del consejo rector y no tuvieron la «mínima» sospecha de que se pudiera cometer alguna irregularidad. También indicaron que, en cualquier caso, la responsabilidad última de lo ocurrido con los ERE podría corresponder a la Consejería de Empleo.

Una de las acusaciones del caso, que ejerce Manos Limpias, se planteó incluso pedir que, al menos uno de los investigados, Braulio Medel, que asistió a dos de los 88 consejos celebrados, pase a ser considerado testigo. Uno de los abogados presentes en la causa lamentó que los miembros del consejo rector de IDEA estén citados como investigados, término que sustituye al de imputado, en la causa. «Produce vergüenza ajena asistir a lo que está sucediéndoles a personas que tenían que estar reconocidas por el país por su trayectoria y, sin embargo, están siendo pisoteados en su honorabilidad y reputación a través de imputaciones infundadas», indicó.

Con esta sesión, Álvaro Martín concluyó su primera ronda de declaraciones, que incluyó a once investigados y a cuatro testigos. Por su parte, el ex director general de Empleo Javier Guerrero volverá hoy a declarar como investigado en el «caso de los ERE», respecto a un expediente de regulación de empleo de la empresa pública Egmasa que le costó a la Junta de Andalucía 21,6 millones de euros.