El Defensor alerta de desahucios por el retraso de las ayudas al alquiler

Denuncia que en provincias como Sevilla o Málaga llevan más de un año, una demora que al igual que los ocho meses que tarda la renta mínima de inserción afecta a la "subsistencia"

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha señalado este jueves el retraso en las ayudas públicas al alquiler, que está provocando desahucios de inquilinos, y en la renta mínima a la inserción como sus dos principales preocupaciones porque afectan a la "subsistencia mínima de una persona"y ha criticado que "está fallando la gestión".

Maeztu ha llevado su informe anual a la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, quien le ha comunicado que ya ha iniciado los contactos con los grupos para la renovación de los órganos parlamentarios, entre ellos la Defensoría, ya que su mandato de cinco años cumplió hace nueve meses, por lo que Maeztu está en funciones, si bien evitó pronunciarse sobre su disponibilidad a continuar "hasta que no haya una propuesta"y "a mí nadie me ha llamado".

Respecto al informe anual, en 2018 acudieron al Defensor del Pueblo 22.001 personas y éste tramitó 10.915 quejas (7.570 nuevas y el resto de años previos) y 13.117 consultas, datos "inéditos en la historia de la institución"y que supone un aumento del 11,2% y el 26,3% respectivamente. Pero Maeztu se mostró especialmente orgullos del servicio de mediación "profesional"puesto en marcha en 2017 y que ese primer año gestionó 57 asuntos, en 2018 la cifra se triplicó hasta 154 con un índice de consecución de acuerdo en torno al 50%.

El Defensor hizo hincapié en que es un servicio "pionero"por el que ya se han interesado sus colegas de Canarias, País Vasco y Aragón y que la Mesa del Parlamento ya ha aprobado recoger en el Reglamento y se incorporará a la Ley del Defensor. Explicó que la "vía clásica"cuando un ciudadano o colectivo presenta una queja al Defensor y éste reclama respuesta a la administración en cuestión "tarda ocho meses"y hay casos "urgentes, la Semana Santa está aquí y los comerciantes se quejan de que les están quitando los puestos". "Es un procedimiento ágil y participativo donde la gente arregla entre ellos sus propios problemas, yo soy el acompañante, los mediadores son profesionales, es el reinado de la palabra", defendión, y alegó que a diferencia de la mediación judicial, donde es voluntario que las partes se sometan, aquí cuando él llama a la administración en cuestión para acudir a una reunión "por la ley tiene obligación de acudir y responderme"y una vez que se sientan con el ciudadano "normalmente acceden a entrar en la mediación".

Respecto a los conflictos más acuciantes, el Defensor quizo resaltar los problemas que causan los retrasos en las ayudas al alquiler, que está provocando desahucios en inquilinos "por 250 euros"y la renta mínima de inserción que es para "subsistencia". Sobre esta última abrió una queja de oficio que según anunció le acaba de contestar el nuevo Gobierno de PP y Cs en el que le expone que ha habido un problema con la formación del personal procedente de la tramitación de la Dependencia y mostrando su intención de agilizar los trámitos. "Hay un problema de coordinación", denunció, así como que igual que en las ayudas al alquiler "está fallando la gestión".

Precisamente, Maeztu hizo un llamamiento a aplicar esta renta mínima de inserción a los menores extranjeros no acompañados que han estado tutelados por la Junta cuando cumplen los 18 años, la tercera de sus principales preocupaciones, ya que apeló a que tras haber formado a estos chicos, muchos de los cuales están deseando trabajar, apoyarles en abrirse un camino supone incluso una inversión en términos demográficos para un país que pierde población. Y respecto a los desaparecidos que se van de los centros de acogida, ha solicitado que sea el sistema de protección quien ordene su traslado a donde ellos quieren ir porque ya tienen familia o contactos para trabajar "y que no estén las mafias esperándolos a las puertas de los centros o en la estación de autobuses".

Para Maeztu, el plan del Gobierno central que repartió dinero entre las comunidades que voluntariamente acogieran a menores inmigrantes ante el SOS que lanzó Andalucía "no ha tenido mucho resultado"ya que "salvo Cataluña que tiene mil y pico y el País Vasco unos 300, el resto los tenemos aquí", aunque no comparte la alerta lanzada ayer por Pro Derechos Humanos sobre violencia y malas condiciones higiénico sanitaria en los centros salvo "casos puntuales que hemos denunciado". Sí los fallos en la escolarización y la falta de mediación sociocultural y apoyo psicológico.

Anunció que en breve se pondrá en marcha un protocolo propio para la determinación de la edad mediante dos pruebas, la oseometría de la muñeca (que da un margen de error de dos años) junto con otra de la mandíbula con mayor fiabilidad, pruebas que harán los forenses de los Institutos de Medicina Legal. "Se acabó que vayan niños a los CIE y adultos a los centros de protección", anunció.

En octubre, se reunirán en Andalucía el Defensor estatal y los autonómicos en unas jornadas centradas en el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados que incluirán sesiones tanto en Sevilla como en Cádiz "como homenaje a esa zona"a la que llegan la mayoría de estos chicos junto al Mar de Alborán y Granada, "porque Andalucía es un prodigio de solidaridad".