El Defensor del Pueblo ya propuso en verano la expropiación de VPO

Mucho se ha escrito estos días sobre el Decreto Ley de la función social de la vivienda de la Junta, incluso sobre su autoría. Para unos es una norma con la huella de IULV-CA, para otros el sello del PSOE, que la ha hecho suya a nivel nacional, es incuestionable.

Mucho se ha escrito estos días sobre el Decreto Ley de la función social de la vivienda de la Junta, incluso sobre su autoría. Para unos es una norma con la huella de IULV-CA, para otros el sello del PSOE, que la ha hecho suya a nivel nacional, es incuestionable. Sin embargo, el germen del Decreto podría estar al margen de los partidos, en concreto en la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo.

En el informe correspondiente a la gestión realizada por esta institución durante 2012 consta que se llevó a cabo una sugerencia de oficio «con objeto de que se adoptaran una serie de medidas destinadas a dinamizar eficientemente la salida al mercado de viviendas protegidas –VPO– que actualmente sean titularidad de las entidades bancarias y que permanezcan desocupadas al no haber sido vendidas o arrendadas a personas» que, adecuándose a los requisitos establecidos para tales edificaciones, «puedan acceder a ellas, incumpliéndose así la función social atribuida a este tipo de propiedad».

Es decir, la propuesta del Defensor incluía uno de los conceptos clave de la norma que el Gobierno andaluz quiere exportar a toda España: la función social de la vivienda. Pero hay más. La iniciativa, planteada el verano pasado, según confirman a LA RAZÓN fuentes del departamento de Chamizo, contemplaba otro aspecto considerado novedoso: la expropiación.

En el informe se recoge así: «También trasladamos –entre otros a PSOE e IU– que, ante la incongruente situación creada desde la perspectiva de la naturaleza jurídica de la vivienda protegida, se podría contemplar el ejercicio de la facultad expropiatoria por parte de las administraciones autonómicas de aquéllas que incumplan la obligación de ser ofertadas en el plazo que se establezca en la norma». En ese sentido, se apostaba por rebajar la valoración del inmueble con respecto a la de referencia, ya que «tendría la consideración de expropiación-sanción, como la figura similar existente en la legislación urbanística, por incumplimiento de la función social de la propiedad». Lo que sí advertía ya el Defensor es que, al tratarse de un «supuesto singular», habría que regularlo buscando su encaje en el artículo 33 de la Constitución.

En la mencionada sugerencia de oficio se hacía referencia incluso a la conveniencia de que «todas las entidades financieras radicadas en Andalucía y, a ser posible, en España elaboraran, en un plazo perentorio, un inventario de las viviendas sometidas a algún régimen de protección pública que se encontraran bajo su titularidad». Materializado aquél debería trasladarse a las administraciones para que éstas informaran con «más detalle» del habitual de las «características, antigüedad, precio, localización..., de acuerdo con unos criterios mínimos» que se deberían establecer «en la propia normativa reguladora».

Meses después, ese listado sigue sin existir y PSOE e IULV-CA han dado una vuelta de tuerca a aquella idea al dar luz verde a la expropiación del uso de la vivienda a los bancos durante un máximo de tres años y a un sistema de penalización gracias al que se multará con hasta 9.000 euros a entidades financieras y promotores que no arrienden sus inmuebles. Mientras, dirigentes de IU han mostrado su disposición a renovar la institución del Defensor. Chamizo ocupa el cargo en funciones desde hace un año.