El denunciante del “caso Infoca” cifra en 300 millones el dinero bajo sospecha desde 2003

Advierte a la jueza de que la adjudicación de los medios aéreos en vigor hasta 2018 es «nula de pleno derecho»

Avisa de otra posible colusión empresarial en contratos del ente público de emergencias sanitarias por 57 millones

«En otras comunidades son las empresas las que hacen trucos para que no sea evidente la colusión –pacto entre entidades que perjudique a terceros–, en Andalucía es la Junta la que hace los trucos por las empresas para que no sea evidente». Es una frase-resumen del abultado escrito con el que el denunciante del «caso Infoca», el funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio J. G. D., ha ampliado su denuncia original y en el que cifra en «unos 300 millones de euros» a «precios corrientes –no constantes–», la cantidad pagada por el Gobierno regional para el «fletamento de medios aéreos para el Plan Infoca» desde 2003, y que, insiste, podría haberse repartido de forma irregular al haberse «buscado» la colisión entre los licitadores. A lo que suma que, en algunos casos, los contratos «sufrían modificaciones a posteriori que implicaban aumento del gasto». Ése es uno de los datos significativos, que soporta en un cuadro adjunto de elaboración propia, que el funcionario transmite a la instructora del proceso, María de los Reyes Flores, a la que le explica, en relación en concreto a la contrata de 2015-2018 en torno a la que germinó la causa, que se fijaron «unos requisitos de solvencia imposibles de cumplir para cualquier empresa» que no formara parte de «las colusionadas». Podría haberlo intentado, expone, alguna que no fuera española, pero matiza que las condiciones establecidas para las mercantiles comunitarias «en nada tienen que ver» con las marcadas para las nacionales, lo que, a su juicio, «no tiene ninguna justificación» y «es algo que va contra el más elemental derecho de competencia». En su destilado en torno a la solvencia, J. G. D., censura, entre otras cuestiones, que se obligue al licitador a «presentar los nombres del personal que ejecutará la prestación antes de que empiece el contrato», lo que restringe de nuevo la competencia al «obligar» al empresario a «tener a la gente contratada ya en plantilla antes de saber si ha resultado adjudicatario o no y a realizar un desembolso dinerario» previo «importante», que no puede afrontar cualquiera. Además de que, añade, «es una cláusula prohibida por el ordenamiento» jurídico que «sólo procede» en los llamados «contratos ‘intuitu personae’ –’atención a la persona’, expresión usada para referirse a los que deben ser necesariamente cumplidos por las partes que los suscriben–».

El técnico de Medio Ambiente avisa a la magistrada, en definitiva, de que el tratado de la Comunidad Europea (CE) dispone que las contrataciones «que deriven de prácticas concertadas y colusiones son nulas de pleno derecho» y de que el Código Civil determina que «hay un vicio del consentimiento, puesto que la administración no puede contratar con un cártel de empresas». No entiende, y así se lo traslada a la jueza, cómo el Ejecutivo autonómico no hace nada en relación a la prestación del servicio ahora investigado basado en un «contrato que es nulo» y que «le perjudica», en lugar de instar «su resolución» y licitar otra vez. Es más, plantea que quizás no sea ése un caso aislado, ya que asevera que «ha estado pasando lo mismo», una supuesta colusión, en «las adjudicaciones realizadas por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES)» y «la Junta tampoco ha hecho nada». De hecho, la numerosa documentación que el funcionario ha remitido al juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla que capitanea De Flores, incluye adjudicaciones de 2010 en adelante llevadas a cabo por el mencionado ente, incrustado en el organigrama de la Consejería de Salud. En ese apartado anota otra cantidad al órgano judicial, resultado de sus indagaciones para las que se ha valido de la plataforma de contratación virtual del Gobierno andaluz: «57 millones de euros en cinco años».

J. G. D pide al órgano judicial que se amplíen las pesquisas y critica, de forma reiterada, que la Junta «haya presenciado las colusiones en el Plan Infoca por 300 millones» o las 57 de EPES y no haya reaccionado para deshacer. Unos números que podrían ser superiores porque algunas de las adjudicatarias llevan décadas trabajando con la administración regional –Faasa, por ejemplo desde 1994, dice–. Y ello, pese a la existencia incluso de informes de la Cámara de Cuentas que alertaban de ciertas anomalías, como ya informó este periódico. En su relato de hechos, el técnico intercala episodios sobre el «acoso» que afirma sufrir en su puesto de trabajo.

Eleva sus acusaciones también a la Unión Europea (UE)

Con todo, que la intención se muestra en la actuación parece ser el lema del denunciante del «caso Infoca». No sólo ha llevado a la Junta ante la Justicia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), también ha traslado sus sospechas a organismos de la Unión Europea en relación a que «los pliegos y formas de actuar» en el seno de la misma, que detectó y expone, «están llenos de irregularidades» y pretensiones «espúreas».