El dictamen sobre formación corre el riesgo de encallar

Los grupos confían en sacarlo adelante aunque admiten que es «difícil»

«El objetivo principal es que haya dictamen», admitió hace unos días el presidente de la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz para intentar determinar si hubo responsabilidades políticas por las irregularidades detectadas en torno a los cursos de formación subvencionados por la Junta, Julio Díaz (Ciudadanos). Preguntado por LA RAZÓN si realmente apostaba por lograr que se consensúe uno y no se repita lo sucedido en 2012 cuando cada grupo parlamentario se enrocó en sus posiciones y sólo salió adelante una propuesta de síntesis descafeinada sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que no se aprobó en el Pleno del Parlamento, aseguró haber «trabajado» para ello desde el principio y haber mantenido con ese fin «reuniones bilaterales» con los distintos partidos.

En aquella ocasión la Presidencia de la comisión de investigación estaba en manos de IU, federación que no dudó en calificar de «fracaso» el final que se puso a meses de trabajo. Ahora, la propuesta de síntesis de Díaz ha provocado de momento la crítica unánime del resto de grupos distintos a C’s, desde algunos de los cuales confirman a este periódico los encuentros a dos bandas, si bien matizan que «parece que no sirvieron para nada a la vista del resultado».

Preguntados por cuál es su apuesta en torno a lo que pueda ocurrir, el parlamentario andaluz de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, señaló que «las conclusiones aún no se han cerrado» y que su formación confía en «poder introducir elementos que las acerquen a la realidad de las declaraciones y de la documentación» que se ha manejado durante las sesiones de la comisión. Reconoció no tener todavía «ni idea» de si se conseguirá finalmente sacar adelante o no un dictamen.

Por su parte, Rodrigo Sánchez, portavoz del PSOE en el ente parlamentario de investigación trasladó a este periódico la «disposición total» de su grupo para hacerlo, siempre basándose en «la verdad» y a partir también de la «documentación y comparecencias que existen».

Para la diputada autonómica del PP-A Teresa Ruiz-Sillero, por ahora lo que ya ha sido un «fracaso» es el texto de C’s en el que «no se ofrece un relato de hechos» y los pocos que se señalan «no aparecen reflejados en el apartado de las responsabilidades políticas» lo que «es una incoherencia», subrayó. A su juicio el documento de Díaz, «deja mucho que desear» al no incluir cuestiones como lo sucedido con Delphi, ni con el ex consejero de Hacienda y empresario Ángel Ojeda o con la fundación Faffe de la Junta. Con todo, aseguró que su partido está «dispuesto a hablar y a negociar» para consensuar, si bien, insistió en un idea ya lanzada: no votarán favorablemente ningún dictamen que no incluya a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como responsable política del presunto fraude.

La diputada de IULV-CA, Elena Cortés, por último, apuntó que su formación «trabajará para que el Parlamento apruebe un dictamen». «Estamos obligados a dar una explicación al pueblo andaluz de qué ocurrió, qué cambios haremos para que no vuelva a pasar y dónde situamos las responsabilidades políticas», añadió, por lo que exigió a PSOE y PP que «no torpedeen» la aprobación de ese «dictamen útil», como afirma ocurrió en los ERE. «Desde luego deberán cambiar de actitud», instó para rematar recordando que a «la comisión de investigación le ha sobrado el PP y el PSOE».

Ésas son las respuestas oficiales, aunque fuentes de varios de esos partidos dan a entender que el acuerdo será «difícil» y no descartan un fiasco similar al de la anterior comisión, pese a que desde entonces han entrado en la escena parlamentaria dos nuevas formaciones: Podemos y C’s. Con todo, por ahora no han tirado la toalla y preparan sus alegaciones, que podrán presentar hasta el día 27 y que en algunos casos serán poco menos que enmiendas a la totalidad.