El ejemplo andaluz ante el TC

El Parlamento de Andalucía ha sido noticia esta semana a nivel nacional por la aprobación de la proposición no de ley que presentó Ciudadanos para apoyar la legalidad, el Estado de derecho y la actuación del Gobierno respecto al desafío catalán. La misma iniciativa, como ya es conocido, corrió peor suerte en el Congreso de los Diputados, ya que Pedro Sánchez decidió votar en contra y alejarse de Cs y del Partido Popular. El PSOE andaluz sorteó las presiones de Ferraz con dos enmiendas cosméticas que buscaban simplemente una coartada argumentativa. Y, al final, ocurrió lo que era previsible que ocurriera: la proposición salió adelante, Susana Díaz mantuvo la coherencia en un discurso del que ciertamente no se ha movido, y, de paso, la Cámara evitó verse envuelta en un episodio ridículo. Hay varios puntos en cualquier caso que conviene aclarar en relación a este asunto.

El primero es que la «guerra fría» entre Susana Díaz y Pedro Sánchez sigue adelante. Incluso con algún grado más de tensión a partir del pasado jueves. El partido emitió una directriz interna para que ninguna federación regional se saliera del guión marcado en la Cámara Baja. El secretario general del PSOE llamó personalmente a la presidenta de la Junta para aleccionarle sobre las consecuencias de una quiebra en el guión. Pero Susana Díaz hizo oídos sordos. En la hoja de ruta de Díaz hay dos objetivos claros en el horizonte: llegar en forma a las elecciones autonómicas de 2019 y seguir haciéndole la oposición desde el sur al líder nacional de su partido. Los dos objetivos conducen a otro mayor, que es un nuevo intento para llegar a Ferraz. Susana Díaz se ha retirado al bastión andaluz para hacer desde su propio territorio una permanente guerra de guerrillas. Por sus hechos queda claro que se niega a cerrar la puerta de Madrid. Todavía sigue esperando un último tren. Y no es descartable que llegue aunque tienen que ocurrir dos cosas a la vez: que Susana Díaz gane bien en Andalucía y que Pedro Sánchez se despeñe –aún más– a nivel nacional.

En segundo lugar, es conveniente recordar que el Parlamento, con la aprobación de la mencionada proposición no de ley y el apoyo de la mayoría de los partidos de la Cámara –PSOE, PP y Cs– respondió al espíritu de comportamiento que le es propio. Es el espíritu con el que se ha comportado Andalucía desde el inicio del proceso autonómico. Queda más claro con un ejemplo. Andalucía, como Cataluña, también ha tenido que endosar algún golpe –y no precisamente liviano– del Tribunal Constitucional. No quedan tan lejos los recursos que interpusieron Extremadura, Castilla-la Mancha y Murcia por la gestión en exclusiva del Guadalquivir recogida en el polémico artículo 51 del Estatuto andaluz que se aprobó en referéndum hace una década.

El Constitucional se pronunció en el 2011 y tumbó este artículo. Las más de 600 personas que pasaron a las órdenes de la Administración andaluza recogieron los bártulos y volvieron a las dependencias de la Plaza de España de donde habían venido. Ni el Parlamento incurrió en ningún acceso de rebeldía, ni en ningún momento se dudó con saltarse a pídola las leyes. La sentencia se acató y el asunto quedó ventilado. A Teresa Rodríguez (Podemos) aún le quedaban entonces algunos años para llegar al Parlamento. Alguien debería recordarle lo que ocurrió en Andalucía cuando dice que no le extraña la situación de Cataluña después de que el Constitucional «laminara» 30 artículos del Estatut catalán.