El «enchufismo» en la Faffe queda en «deficiencias administrativas»

El consejero destaca que la auditoría indica que cumplió en la gestión y en la ejecución de las subvenciones.

Los comparecientes en la comisión de investigación sobre el fraude en la formación fueron incapaces en su día de explicar las funciones de los ex trabajadores de la Faffe, un ente, según sindicatos y oposición, plagado de «enchufados» procedentes del PSOE. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, apuntó ayer en comisión parlamentaria que la auditoría externa en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) señala la existencia de «deficiencias administrativas» en materia de gestión de personal y de contratación, un reconocimiento explícito o un eufemismo del mencionado «enchufismo». No obstante, defendió que la fundación cumplió en la gestión y ejecución de las subvenciones públicas, es decir, que «realizó adecuadamente la justificación de ayudas y la ejecución de acciones subvencionadas». La oposición criticó la opacidad de la Junta en torno a la auditoría.

Sánchez Maldonado presentó en comisión parlamentaria los resultados de la auditoría externa realizada a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, en la que, dijo, los expertos señalan que esta entidad «cumplió con las obligaciones» en la gestión de las subvenciones públicas que le fueron concedidas desde 2009 hasta su extinción.

Destacó que la Faffe realizó una correcta gestión «tanto en las justificaciones como en la ejecución de las acciones para las que fueran concedidas» estas ayudas, según consta en los informes de cuenta justificativa emitidos por los autores externos. El consejero recordó que esta auditoría externa se encargó a iniciativa de la propia Consejería, aunque no era necesaria dentro del proceso de justificación de los expedientes de ayudas, y que la contratación de la empresa auditora se realizó mediante un proceso abierto de licitación pública en concurrencia, siempre con el objetivo de dotar al proceso de máxima transparencia. La oposición, por contra, centró sus críticas en la opacidad de la Administración.

El consejero aclaró que parte de la auditoría, la referente al control de subvenciones, fue enviada este año al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla «de manera inmediata» para dar cumplimiento a un requerimiento del tribunal, que exigía textualmente el «informe de auditoría de regularidad afecto solo al control de subvenciones sobre la extinta Faffe». Esta misma parte de la auditoría referida a la gestión de subvenciones, indicó, fue enviada a la Comisión de Investigación parlamentaria y también se remitió a la Intervención General de la Junta. El consejero admitió que la auditoría indica determinadas «deficiencias administrativas» en algunos procesos de contratación. Los auditores destacan que a partir del ejercicio 2011 «se incrementó la utilización del procedimiento abierto, alcanzando éste el 61% del importe licitado hasta el momento de extinción de la fundación». Antes de implantar este procedimiento los auditores recogen que, aunque legales y regulados en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), por parte de la Faffe se utilizaban procedimientos sin publicidad, y que los mismos no garantizan totalmente el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad en las licitaciones. El consejero concluyó que la auditoría coincide con el último pronunciamiento del Tribunal de Cuentas, que determinó la «inexistencia de supuestos constitutivos de alcance».

Ante las críticas de la oposición de no tener todo el informe, señaló que «sólo tiene que pedir la auditoría completa por los cauces administrativos», explicando que «se entregó lo que se consideraba que era de interés para la comisión». «Se pueden reconocer irregularidades, pero no hay falta de transparencia», destacó, quejándose de que la Faffe «se utiliza de arma arrojadiza contra la Junta», mediante «informaciones tergiversadas y a sabiendas que lo está investigando el juzgado».

La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero señaló que la Junta «raya en conducta antidemocrática» y recordó que el Gobierno andaluz «recibió la auditoría hace seis meses y la Junta no la ha entregado a los grupos». El PP señaló que la Faffe «necesitaría por sí sola una comisión de investigación». Ruiz Sillero solicitará la comparecencia del interventor para que hable de esta auditoría.

Podemos censuró la «opacidad» y Ciudadanos la «mutilación» del informe para la oposición.