El fallo que declaró legal el Algarrobico, en Estrasburgo

La asociación conservacionista Salvemos Mojácar ha presentado una demanda en el Tribunal Europeo de Estrasburgo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 29 de julio de 2014 que declaró que la licencia municipal de obras concedida en 2003 a Azata del Sol para construir el hotel en el paraje del Algarrobico, en Carboneras (Almería), era conforme a derecho y no violaba ni la Ley de Costas ni la normativa que protege los valores medioambientales del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, lo que posteriormente fue rectificado por el Tribunal Supremo (TS).

Según expuso la organización a través de una nota, el fallo del que fue ponente el actual magistrado del TS Rafael Toledano declaró legal la licencia de obras del hotel «sin entrar a resolver el fondo de la cuestión, es decir, que el hotel invade los 100 metros de la servidumbre de protección establecida por la Ley de Costas, y que el inmueble está construido en terrenos no urbanizables dentro del Parque Natural de Cabo de Gata».

Salvemos Mojácar ha alegado ante el Tribunal de Estrasburgo que la sentencia «no entra a juzgar la pretensiones fundamentales en que las partes basan sus alegaciones y que por tanto se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva». Según interpretan los ecologistas, se basa en que la licencia de obras «es legal porque el Ayuntamiento de Carboneras clasifica los terrenos como urbanizables, sin tener en cuenta que está clasificación es nula de pleno derecho por ser contraria al PORN, Plan de Ordenación del Parque Natural, norma de rango superior».

«La Administración no puede derribar un inmueble con licencia de obras declarada legal por sentencia firme –sostienen–, por lo que la sentencia ha provocado una demora de varios años más en el derribo del hotel», lamentan. La asociación recuerda que fue expulsada del procedimiento «por haber presentado fuera de plazo un certificado». «También se expulsó de hecho al abogado del Estado al que ni siquiera cita en la sentencia, ni tiene en cuenta las alegaciones que hizo en la vista oral», rememoran, para añadir que el polémico fallo «tampoco menciona las alegaciones que hizo el letrado de la Junta de Andalucía en la vista oral celebrada en Granada el 14 de enero de 2014». Esta resolución del Alto Tribunal andaluz recurrida ahora a Estrasburgo anuló la sentencia que en 2008 dictó el juez de instancia de Almería Jesús Rivera en la que se declaraba ilegal la licencia de obras por invadir el hotel la servidumbre de protección y estar construido en espacio protegido. El magistrado dio traslado de lo actuado al Ministerio Fiscal por considerar que el permiso para construir era constitutivo de un presunto delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio, pero el fiscal archivó el caso, según apunta el colectivo.

El TSJA tiene que decidir aún si es correcto o no que los terrenos estén clasificados como urbanizables en el PGOU de Carboneras. «Si la sentencia dice que los terrenos son urbanizables, la única forma de demoler el hotel será que la Junta ejecute las sentencias que le reconocen ser propietaria de los terrenos y del hotel por ejercer el derecho de retracto en 2006», avisan. Si dijese que los terrenos son protegidos, «la sentencia de 29 de julio de 2014 habría quedado sin apoyo legal» y «sería factible pedir la demolición».