¿El fracaso escolar empieza a los quince?

Expertos sitúan el mayor pico del absentismo en la segunda etapa de una ESO que uno de cada cuatro andaluces no acaba. El año pasado, la Policía intervino en 541 casos, un 31% más

Uno de cada cuatro jóvenes andaluces no acaba la educación obligatoria –un 25,7% según el dato del curso 2012/13, el último disponible–. Un porcentaje casi calcado al que presenta el abandono escolar temprano, que engloba a aquellos estudiantes de entre 18 y 24 años que habiendo obtenido el título de la ESO dejan los estudios. Los datos los confirmaba recientemente la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, con el objetivo de reducirlos diez puntos en 2020. La escenificación de la creación de un grupo de trabajo para «acelerar la extensión del éxito escolar» retomaba el gran problema del sistema educativo español, pero sobre todo andaluz, ya que nuestra comunidad continúa encabezando las estadísticas negativas en este sentido.

En el trasfondo de todo se sitúa el absentismo escolar: el último informe PISA la situaba como la tercera comunidad en falta de asistencia, con un 23 por ciento de alumnos de 15 años que admiten haber faltado a clase al menos una vez sin justificación. Aunque el problema comienza cuando esa práctica se «cronifica»: cinco faltas mensuales en Primaria o 25 horas de clase en educación Secundaria.

«A partir de 3º de ESO empiezan a faltar y ya empezamos a hablar de fracaso escolar. Una cosa va de la mano de la otra. Hay muchos chavales desmotivados porque sus perspectivas vitales tienen poco que ver con lo que se enseña», opina Javier Puerto, vicepresidente de la asociación de profesores de Instituto de Andalucía (APIA) y propone combatirla «con itinerarios precisos desde el primer curso».

Sobre la experiencia pionera iniciada en septiembre por la Consejería de Educación en el Polígono Sur de Sevilla, donde alumnos que pasaban a Secundaria se han mantenido en su colegio y son los profesores los que se desplazan, la califica como «un poco pintoresca, no parece el mejor modo». Los resultados presentados por la Consejería hablan de una reducción del 50 al 13% de las faltas a clase. Puerto, como el resto de expertos consultados, considera que «no es un problema llamativo en la enseñanza pública en general, si no localizado en determinadas zonas y ligado a un determinado perfil social». No obstante, lo relaciona directamente con las elevadas tasas de fracaso y abandono escolar, ya que el problema comienza a agravarse a partir de la segunda etapa de la ESO. El porcentaje de alumnos que promociona en Primaria está en torno al 95%, según las estadísticas del curso 2012/13. Un porcentaje que se desploma doce puntos en Secundaria, donde el 17% no pasó de curso –62.630 alumnos–.

«El absentismo escolar reiterado, con sus inevitables secuelas de fracaso escolar y abandono prematuro de la enseñanza, constituye uno de los principales factores –aunque no el único– que contribuyen a la aparición en nuestra sociedad de situaciones de marginalidad, paro, delincuencia, incultura y analfabetismo», advertía el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe de 1998 «El absentismo escolar. Un problema educativo y social». La situación ha evolucionado pero está lejos de atajarse. En su memoria anual de 2012, la Fiscalía de Menores alertaba aún del «gravísimo problema que el absentismo escolar representa». Se quejaba en ella de que los casos que remitía a las delegaciones provinciales de Educación en aplicación de la Ley Andaluza 1/1998, de los derechos y la atención al menor quedasen impunes porque «la Administración manifiesta que no se puede poner multa alguna al no existir desarrollo normativo de la Ley». Por ejemplo, en su artículo 56 j) recoge como infracción grave «impedir la asistencia al centro escolar de un menor en período de escolarización obligatoria, disponiendo de plaza y sin causa que lo justifique, por parte de los padres, tutores y guardadores». Esto implicaría multas de entre 3.000 y 30.000 euros.

«No se aplica o se aplica poco porque es complejo el tema. La Administración es timorata a la hora de aplicar ese régimen sancionador porque a veces genera más problemas al ser sanciones pecuniarias, y hablamos de familias con dificultades. No es lo mejor para resolver un problema crear otro mayor», aclara Rogelio Muñoz-Oya, fiscal delegado de menores en Andalucía. La Fiscalía constituye el tercer nivel en el protocolo de actuación y solo interviene cuando el problema está enquistado porque las familias no responden a las medidas impuestas. En su última memoria, referida a 2014, reseña que en Cádiz se incoaron 48 diligencias preprocesales por absentismo escolar e interpuesto 10 denuncias contra los padres por el artículo 226 del Código Penal, habiendo archivado 27. En Córdoba, se abrieron 17 diligencias de Investigación frente a las 32 del año 2012 y 13 denuncias, con una sentencia condenatoria. En Huelva, hubo 6 denuncias; mientras que en Granada se incoaron 59 diligencias preprocesales e interpusieron 22 denuncias. También se dictó una sentencia condenatoria y otra absolutoria. Esto se refiere a casos extremos, cuando la intervención educativa y de los servicios sociales ha fallado. Los datos de la Policía Autonómica en este sentido revelan un incremento notable de las actuaciones por absentismo escolar, que han pasado de las 229 de 2010 a 541 el año pasado. En 2011, se produjeron 411 actuaciones y la tendencia fue similar durante los dos años siguientes (366 en 2012 y 411 en 2013), pero en 2014 sufrió un repunte.

Las comisiones provinciales de absentismo son la herramienta que reúne a todos los agentes implicados en la prevención y tratamiento, con los delegados de Educación como referente. Los inspectores también forman parte de ellas. «Nuestra labor aquí es supervisar el protocolo de seguimiento que se acuerde con cada familia. Tiene que haber un absentismo prolongado y certificado por el centro», explica Juan Ruiz, presidente de Adide, asociación que aglutina a los inspectores educativos andaluces. La Fiscalía coincide en calificarlo como una incidencia «zonificada» pese a su trascendencia en el posterior fracaso escolar: «Si se niegan totalmente a ir, ¿qué haces? Es un problema de intervención social más que penal».