El interventor jefe de la Junta alerta de cambios en los contratos menores

Desde el 9 de marzo no pueden superar los 40.000 euros si lo pagado son obras y los 15.000 si se trata de servicios o suministros

Convivir con leyes es hacerlo con su evolución. La Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) ha elaborado una instrucción en la que advierte de que el pasado 9 de marzo entró en vigor «la mayor parte de los preceptos contenidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público» por la que se transpusieron «al ordenamiento jurídico español» directivas del Parlamento y del Consejo europeos relativas a esa materia. El giro normativo trae consigo una serie de novedades y una de ellas supone un antes y un después en el régimen jurídico de los acuerdos contractuales denominados menores. «En efecto, la nueva regulación legal de este tipo de contrato –se explica en el documento de la IGJA consultado por LA RAZÓN–, dentro del contexto de la mejora e incremento de la transparencia en los procedimientos que supone la nueva normativa de contratación, introduce importantes modificaciones». Se destaca entre ellas la rebaja en las cuantías máximas de esas contratas que pasan de los 50.000 euros a 40.000 en el caso de las obras y de 18.000 a 15.000 euros, si se trata de adquirir suministros o de servicios. Se apunta además la imposición de dos nuevos trámites en la gestión de los expedientes: de un lado, la exigencia de un «informe del órgano de contratación –el ente del Gobierno andaluz adjudicatario que sea– motivando la necesidad» de la misma y, de otro, la obligatoriedad de justificar «que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales» y que las entidades seleccionadas «no han suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen» las cifras marcadas. Puntos éstos que ayudarán a poner coto al fraccionamiento indebido del que han alertado en numerosas ocasiones órganos fiscalizadores como la Cámara de Cuentas.

Injertado el relato se puede deducir que los contratos menores posteriores al 9 de marzo ya no podrán ser superiores a los mencionados 15.000 y 40.000 euros, si bien, el interventor general de la Junta, Vicente Cecilio Fernández, quien firma la instrucción, matiza que los expedientes que se hubieran iniciado antes de ese momento se deben regir aún por la normativa anterior. Aunque fija un criterio «a adoptar por todas las intervenciones» de la Administración andaluza, al matizar que si los contratos menores que se arrancaron antes «aún no hubieran culminado su tramitación» el 9 y uno de sus gestores o promotores pretendiera que se le aplicaran «los parámetros» normativos antiguos, «deberá incorporarse documentación que acredite de forma clara y fehaciente la fecha de inicio, bien de manera directa –con la resolución administrativa en la que se acordó el inicio del expediente–, bien de manera indirecta pero indubitada –con la formalización documental del contrato, la petición de ofertas o publicaciones de actuaciones preparatorias en el perfil del contratante...–».

Si se repasa la hilera de contratas de servicios de esta naturaleza colgada en la plataforma virtual de la Junta, aparecen algunas con fecha de resolución posterior a la frontera del 9 de marzo cuyos importes netos de adjudicación escalan de los 15.000 euros. Es el caso de dos de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) destinados a cubrir tomas de muestras para el control sanitario de la producción de moluscos bivalvos en zonas de Málaga y de Cádiz, cuyas resoluciones están datadas el 12 de marzo, las cuantías son de 16.100 euros y el beneficiario es el mismo en ambos. Hay otro de la Consejería de Agricultura vinculado al desarrollo de una «minisite» –web de una página– para la red de alerta fitosanitaria por un valor neto de 17.995 euros del mismo 9 de marzo y cofinanciado por la UE; y uno más de ese departamento para una auditoría de seguridad de varias aplicaciones del 15 de marzo y 17.990. Idéntica fecha de resolución tiene un quinto contrato de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía por el que se pagaron 17.900 euros para la difusión publicitaria de un programa en Córdoba, de nuevo cofinanciado por Bruselas. Dada la escueta documentación que se difunde de los acuerdos menores, no se puede saber si esos expedientes cumplen o no las directrices de la Intervención.