El Juez aprecia indicios de delito en una subvención de 5,8 millones de la Junta

La Fiscalía de Sevilla ha denunciado a la Junta de Andalucía por prevaricación y malversación de caudales públicos cuando concedió en 2012 una subvención de 5,8 millones de euros sin soporte legal.

El juzgado de instrucción 2 de Sevilla ha abierto diligencias tras apreciar indicios de delito en la denuncia presentada por la Fiscalía de Sevilla por una subvención de 5,8 millones que concedió el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la Junta de Andalucía sin soporte legal que lo permitiera.

Tras la denuncia de la Fiscalía por presunta prevaricación y malversación de caudales públicos, el caso se repartió entre los juzgados y recayó en el de instrucción 2, que ha decidido abrir diligencias y ha pedido a la Junta documentación sobre las ayudas concedidas, han informado a Efe fuentes judiciales.

La denuncia se presentó después de la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía respecto a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT).

En febrero del 2013, la Cámara de Cuentas constató una inadecuada gestión por parte del SAE de las subvenciones concedidas a los consorcios escuela de formación para el empleo de la Junta de Andalucía en el período 2008-2009.

La red de consorcios, integrado por catorce centros formativos que desarrollan formación para capacitar profesionalmente al alumnado y alcanzar un elevado nivel de inserción laboral de las ramas tradicionales, industriales y turísticas, recibieron en subvenciones en el 2008 y el 2009 unos 45 millones, de los que aproximadamente el 40 % proceden de fondos europeos.

La Fiscalía Superior de Andalucía remitió las presuntas irregularidades a cada una de las fiscalías provinciales, de las cuales al menos las de Jaén, Córdoba y Sevilla han presentado denuncias.

Tras la extinción de estas unidades acordada por el Consejo de Gobierno el 27 de julio del 2010, el SAE concedió la subvención de 5,8 millones de euros para hacer efectivo el compromiso de financiación de los gastos derivados de las indemnizaciones por la finalización de los contratos laborales.

La subvención fue con carácter excepcional y se concedió mediante una resolución de la dirección general de los servicios y programas para el empleo sin un soporte legal que lo permitiera, precisa la Fiscalía.

Además de poner en cuestión estas ayudas, la Fiscalía de Sevilla señala que las UTEDLT no han justificado suficientemente el empleo de las subvenciones que recibieron para el pago de los salarios ni que reunieran todos los requisitos para que se les concediera, aunque no ha facilitado el montante del dinero del que se trata.

Además, la Fiscalía afirma que a partir de 2009 no se suscribieron los contratos programas de las unidades, que eran los documentos donde se fijaban los objetivos a cumplir, y a pesar de eso cobraron subvenciones por incentivos pero sin fijar antes los objetivos.

Esas subvenciones fueron concedidas por la dirección general de Calidades de los Servicios y Programas para el empleo de SAE y pudieron constituir delitos de fraude de subvención, malversación de caudales públicos y prevaricación, según el Ministerio Público. EFE

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