El Parlamento exige que el Presupuesto detalle la colaboración público-privada

El Parlamento ha instado al Gobierno andaluz a que en los Presupuestos para 2016 se informe detalladamente sobre las obligaciones contraídas por concesiones de obra pública, de servicios públicos o de cualquier otra figura contractual que implique el modelo de financiación de colaboración público-privada. Según el dictamen que ha aprobado la Comisión de Hacienda y Administración Pública sobre el Informe anual de la Cámara de Cuentas relativo a la fiscalización de la cuenta general y Fondos de Compensación Interterritorial de 2013 y que será sometido al Pleno del Parlamento, se insta también al Ejecutivo a que, en el marco del proyecto de Ley del Presupuesto para 2016, emprenda la reorganización de los fondos carentes de personalidad jurídica en la perspectiva de la creación de una Banca Pública andaluza. Un proyecto que abanderó IU en la anterior legisltura y que el PSOE ha sustituido por un instituto de crédito.

En el dictamen, asimismo, se pide a la Junta que regule el empleo de transferencias de financiación –que se utilizó en los ERE– en las agencias de régimen especial, resolviendo las contradicciones entre el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta y las leyes de presupuestos. Se insta además al Consejo de Gobierno a que proceda a retener los pagos de obligaciones reconocidas a favor de terceros que hayan sido beneficiarios de avales extendidos por la Agencia IDEA u otro ente dependiente de la Junta, en el caso de que dichos avales hayan sido ejecutados. También se reclama al Ejecutivo que ordene el reintegro inmediato a la tesorería general de los fondos recuperados por la Agencia IDEA de avales ejecutados. Otra demanda consiste en que se revisen los procedimientos de análisis técnico que efectúa la Agencia IDEA para el otorgamiento de avales, para que se incida más estrictamente sobre el análisis empresarial de la viabilidad e idoneidad de los proyectos, y ello redunde en una disminución de las ejecuciones de aval por fallidos. Asimismo, otras reclamaciones al Ejecutivo consisten en que la Consejería de Hacienda y Administración Pública presente las cuentas individuales y consolidadas de todos los entes empresariales, indicando explícitamente el perímetro y los criterios de consolidación, incluyendo las empresas participadas minoritariamente.

También se pide determinar definitivamente la población de consorcios dependientes de la Junta, con el fin de que sus presupuestos y cuentas anuales sean objeto de control por parte de la administración autonómica y pasen a formar parte del resto de entidades que conforman el Presupuesto y cuenta general.

En lo que a la colaboración público-privada se refiere, el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, defendió recientemente este sistema de financiación cuando «sea rentable desde el punto de vista financiero y cuando la urgencia social de la actuación lo reclame», aunque matizó que la Junta no tiene «previsión de usarlo». En comisión parlamentaria, Arellano coincidió con el portavoz popular, Jaime Raynaud, en que ésta es una herramienta de financiación y en que hay que usarla sin precipitación y con una evaluación exhaustiva. Para Ramírez de Arellano, «no hay que demonizar este instrumento».