El perito dice que UGT cargó gastos no subvencionables pero ignora si hay fraude

Ratifica su informe en el que cuantifica en 40,7 millones los gastos cargados a la Junta que considera no ejecutables

El perito que elaboró el informe encargado por el juez instructor que investiga un presunto fraude en subvenciones de UGT ratificó ayer en el juzgado dicho informe según el cual el sindicato facturó a la Junta 40,7 millones de gastos no subvencionables.

La declaración del perito, que tardó tres años en elaborar el informe, se prolongó durante tres horas y media pese a que según abogados presentes en la misma ni el fiscal ni las acusaciones del PP y la Junta formularon preguntas. Sí le han preguntado las defensas de la veintena de investigados en la causa, entre ellos los ex secretarios generales de UGT Manuel Pastrana y Francisco Fernández (así como de los ex responsables de Administración del sindicato Federico Fresneda y María Charpín), además de proveedores acusados de falsificar facturas con las que la organización obtenía beneficios mediante el sistema de «rappel».

Según las mismas fuentes, el perito insistió en que su informe se ha centrado en los gastos que a su juicio no son subvencionables por no ajustarse a los requisitos de la Ley General de Subvenciones tales como la inexistencia de contrato escrito del servicio o bien adquirido por el sindicato que la Junta financió o la falta de detalle en el concepto fijado en las facturas presentadas al Gobierno andaluz para justificar la subvención. Cuestiones que las defensas consideran «administrativas y no penales». El perito ratificó que su informe no recoge la cuantía del dinero público supuestamente defraudado ni habla explícitamente de fraude porque no fue objeto de su pericial «si existió mecanismo defraudatorio».

Sí ratificó haber apreciado sobrecostes en aspectos como alquileres para actividades del sindicatos y sedes del mismo pero tampoco analizó si hubo entidades que se beneficiaron de ese sobrecoste.

Tras la declaración del perito, las partes están a la espera de que el juzgado les dé traslado de la documentación utilizada por éste para su informe y a partir de ahí solicitar nuevas diligencias o no y con ello el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla dictará un auto de procedimiento abreviado para que las partes se pronuncien sobre el archivo o la apertura de juicio oral contratando los delitos y personas procesados. La Fiscalía Anticorrupción ya ha avanzado que pedirá que se abra juicio.