El plan hidrológico pospone obras básicas hasta 2033

Las actuaciones declaradas de interés general del Estado incluidas en el Plan Hidrológico Nacional 2009-2015 tendrán que seguir esperando. El Gobierno central debía responsabilizarse de la ejecución de esas obras por un presupuesto de 3.046 millones de euros, concebidas para mejorar la calidad del agua, evitar la contaminación y aumentar la disponibilidad de este recurso en las cuencas mediterráneas de la comunidad.

Así lo recoge la memoria del nuevo Plan Hidrológico, 2021, que evidencia un alto incumplimiento de las medidas previstas: de las 287 actuaciones que debían estar iniciadas o concluidas hace dos años, solo 56 estaban plenamente operativas antes de que expirase el plazo; 31 más habían comenzado; y 13 nuevas se incorporaron. Contando estas últimas, el grado de ejecución no alcanzó el 35%. Un pobre balance que ha obligado a reprogramar gran parte de las infraestructuras. Una consecuencia secundaria del flagrante retraso es que no se han conseguido tampoco los objetivos medioambientales, quedando también pospuestos.

Esta demarcación comprende cuatro provincias –Cádiz, Granada, Málaga y Almería– y abarca una superficie de veinte mil kilómetros cuadrados. El cambio no se ha limitado a ampliar el plazo a 2021, como podría esperarse. Las alteraciones han provocado que obras que debían haber finalizado en 2015 dilaten su culminación hasta dieciocho años y estén señaladas en el horizonte de 2033, o incluso ni siquiera dispongan de fecha concreta. Esto último ocurre con el recrecimiento de la presa de Guadarranque, en Cádiz, y sus conexiones (134 millones en total). Para ese año se han fijado, por ejemplo, nuevos depósitos reguladores en la explotación del Campo de Gibraltar o actuaciones en Almería para controlar «fenómenos meteorológicos extremos» y la segunda fase de la desaladora de Carboneras.

El embalse de Gibralmedina (115 millones) es otro ejemplo: proyectado en 2009, no estará listo con sus conducciones hasta 2033, aunque la primera fase debe culminar un sexenio antes. Algo similar sucede con la desaladora de Mijas-Fuengirola (88 millones), en la Costa del Sol, cuya puesta en marcha se dilatará hasta 2027. La demora en infraestructuras clave impedirá cumplir los objetivos marcados en 2015 sobre aprovechamiento de agua desalada: de los 184 hectómetros establecidos, actualmente solo abastecen a zonas con déficit con 23 hectómetros anuales –supone un 2% del agua utilizada–, según la citada memoria. Hay otras intervenciones necesarias que padecerán retrasos menores pero también significativos. Solo en la Costa del Sol hay atascadas siete relacionadas con el saneamiento de agua que corresponde impulsar al Gobierno de España y se posponen a 2021 y 2027. Entre todas suman 195 millones de euros.

Otra desaladora en la zona oriental de Málaga acumula una demora de seis años respecto a la previsión inicial. Se verán asimismo afectados proyectos de reutilización de agua o para corregir la sobreexplotación de acuíferos. Todo ello implicará un frenazo a las políticas hídricas, precisamente en un momento crítico por una sequía que se alarga ya tres años y que ha acentuado la escasez estructural de agua.

La nueva planificación contempla 314 actuaciones. Su presupuesto global asciende a 2.743 millones de euros, de los cuales 1.042 millones corresponden al primer horizonte de 2021 –el segundo se marca en 2027–. El Gobierno es el principal responsable económico y deberá aportar el 68 de la financiación. Del resto, según detalla el Plan, un 30% corresponde a la Junta de Andalucía, mientras que las administraciones locales y entes privados participarán con un porcentaje del 2%. El grupo de medidas que requiere una mayor inversión en los próximos cuatro años son las encaminadas a cubrir la demanda de agua, que consumirán 1.326 millones. El cumplimiento de los objetivos medioambientales –incluyen obras para frenar la contaminación de aguas y la recuperación ambiental– recibirá 1.116 millones. En implementar medidas de seguridad frente a fenómenos meteorológicos se gastarán 168 millones y 133 más actuaciones de diversa índole.

Andalucía, como el resto de España, no ha incorporado aún plenamente la directiva europea del agua. Los actuales usos de los recursos hídricos todavía se enmarcan fuera de la legislación medioambiental. No se cumplen, entre otros, los límites de contaminación o se extrae más agua de la recomendada, poniendo en peligro los acuíferos. En este sentido, el Plan prevé que en 2021 se llegue al 89% de su cumplimiento en ríos y pantanos; en aguas subterráneas solo se alcanzará el 70% –el doble que ahora–.