El PP-A rechaza alterar los impuestos cedidos en la financiación y aboga por estudiar variables como la pobreza o el paro

La secretaria general del Partido Popular en Andalucía, Loles López
La secretaria general del Partido Popular en Andalucía, Loles López

El grupo parlamentario del PP-A registró ayer sus conclusiones al grupo de trabajo creado en el Parlamento sobre financiación autonómica, en las que rechaza alterar de forma significativa la cesta de impuestos cedidos y aboga por estudiar variables como la pobreza, el paro, el índice de precios regionales, entre otros indicadores.

En un documento de 34 páginas, los populares aseguran en al debate sobre la armonización de los impuestos cedidos, que la capacidad normativa de las comunidades no pueden generar situaciones de agravios fiscales “tan grandes” como los que se han producido en el caso de Andalucía, por lo que sería bueno preservar a las distintas figuras tributarias de esa pretensión.

En relación con el Impuesto sobre el Patrimonio, el PP cree que debería desaparecer del sistema tributario y que el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones quede de facto suprimido en su práctica totalidad mediante el establecimiento de una bonificación del 99 por ciento.

Los populares destacan en su documento que el régimen económico diferenciado del Concierto Económico del País Vasco y el Convenio en Navarra viene consagrado constitucionalmente y que, por tanto, tienen mecanismos de financiación separados como son el Cupo y la Aportación respectivamente.

Sin embargo, consideran que aunque el régimen foral no debe incluirse en el sistema de financiación autonómico de régimen común, sí debería establecerse algún mecanismo que permita una mayor coordinación entre ambos regímenes.

Desde el PP-A abogan por que el nuevo modelo contenga una concreción técnica del principio de suficiencia y de equilibrio vertical, ya que ambos principios son los que garantizan la correcta prestación de las competencias propias de las comunidades, así como las de la Administración General del Estado, garantizando la financiación actual y también su sostenibilidad futura.

“Dado que los recursos son limitados (y fluctuantes) y que las necesidades son (o pueden llegar a ser) infinitas, el concepto de suficiencia debe quedar delimitado por las necesidades que se quieren cubrir con los recursos que se tengan disponibles”, afirma el PP-A entre sus conclusiones.

Junto a ello, asegura que aspira a que Andalucía tenga un nivel de prestación de servicios públicos “igual a aquella Comunidad que mejor servicios públicos preste” y defiende la necesidad de un acuerdo a nivel nacional entre PP y PSOE sobre el nuevo modelo de financiación.

Sobre el principio de suficiencia, cree que debería hacer que el nuevo sistema de financiación lleve a una nivelación total de los servicios públicos que prestan las comunidades. “De esa forma, al estar todas las comunidades financiadas en igualdad de financiación per cápita a competencias homogéneas la cláusula de ordinalidad pierde sentido, ninguna estaría financiada por encima o por debajo de la media”, asegura.

Para el PP-A, nunca la suficiencia del sistema ha de ser “coartada” para que los gobiernos autonómicos utilicen los recursos financieros sin atender a criterios de eficacia y eficiencia con actuaciones que excedan de las competencias establecidas, que incrementen la estructura política o que dupliquen y solapen actuaciones mediante un crecimiento desmesurado del sector público empresarial o para establecer embajadas autonómicas en el extranjero, entre otras cuestiones.

CONCRECIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Los populares consideran también razonable que se realice una concreción de las competencias atribuidas a cada una de las administraciones públicas, su cuantificación en un año base que se considere relevante y que, una vez hecho esto, se asignen los recursos tributarios necesarios para la financiación de cada una de las administraciones.

En primer lugar, creen que habría que acordar un equilibrio vertical entre las distintas administraciones (General y autonómica) en función de las competencias de cada una de ellas y del coste efectivo de las mismas. Y en segundo lugar, acordar un criterio de reparto entre las comunidades que no tuviera en cuenta la cláusula de “statu quo”, ya que de otra forma se perpetuarían las diferencias de financiación.

El Grupo Popular se muestra partidario de reducir al máximo los fondos que articularán el nuevo modelo, a fin de simplificar el funcionamiento y transparencia del mismo y ve razonable posibilitar la reestructuración de la deuda financiada por los mecanismos de financiación autonómicos, de forma que su amortización no ponga en riesgo la prestación futura de los servicios públicos de las distintas comunidades, dotándolas de un mayor plazo de devolución, en caso de ser necesario.

En cuanto a la reducción de los intereses asociados a la deuda de los mecanismos de financiación, considera que no debería bajar del coste que el endeudamiento ha tenido para el Estado.

Junto a ello, el PP-A defiende una reforma del reglamento de régimen interior del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para actualizarlo y darle más participación a las comunidades, aunque cree que debe mantener el control y liderazgo en todo caso la Administración General del Estado.