El PP atribuye a la «estrategia dilatoria» de la Junta la prescripción de delitos

La Administración alertó varias veces desde 2013 del riesgo existente y de la posibilidad de no poder recuperar los fondos defraudados

Hace años que se anunciaba lo que podía suceder con un caso de tal complejidad y envergadura. La ambición de llegar más allá de, en el argot de la jueza Alaya, «la punta del iceberg» conllevaba el riesgo de que la causa se dilatara, como viene ocurriendo, ad aeternum. A esta aspiración de justicia, se suma la dilación de las partes con los plazos, las trabas burocráticas, las chinas en el camino solventadas en ocasiones con la Guardia Civil instando a aportar documentos. Los temores –o avisos de las defensas– ya son una realidad en forma de auto. La Audiencia de Sevilla ha levantado las imputaciones a dos empresarios de la Sierra Norte porque fueron acusados en el «caso ERE» más de diez años después de que recibieran las ayudas por las que fueron imputados por prevaricación y malversación de caudales. La Junta alertó varias veces desde 2013 de la prescripción de delitos. La Fiscalía había avisado en varias ocasiones. Anticorrupción fijó hace un año un límite de 450.000 euros para que a una subvención superior a esa cantidad se le aplicara los 15 años de prescripción en lugar de los 10 habituales, señala la Audiencia. El PP critica la «estrategia dilatoria» utilizada por la Administración autonómica.

La Audiencia de Sevilla ha levantado las imputaciones tras aceptar el recurso presentado por los dos empresarios que recibieron de la Junta dos ayudas de 180.303 euros en 2002 y otra de 270.455 euros en 2003 y 2004. El presidente de una asociación de discapacitados, José Manuel Prieto, y un alto cargo socialista de Las Navas de la Concepción, Luis García, no serán juzgados al haber pasado ya más de una década de los hechos. La decisión la firma la Sección Séptima, precisamente en la que radica la jueza Alaya tras no concedérsele la comisión de servicios en el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. La Fiscalía ya había anunciado que podría pasar este supuesto, al que pueden acogerse otra decena de casos.

La jueza Alaya imputó a los dos empresarios y a otras 32 personas el 6 de febrero de 2015. Ninguna de las nueve resoluciones dictadas por Alaya reunía las condiciones para permitir que no se produjera la prescripción de los delitos que imputó, señaló la Audiencia. La ayuda a los empresarios se aprobó «sin aprobar documentación justificativa de proyecto para el destino» de los fondos y sin que la empresa estuviese al día en sus obligaciones tributarias y a la Seguridad Social. Después de aceptar la prescripción, la Audiencia indicó que la juez de Instrucción 6, María Núñez Bolaños, debe resolver si incluye en la causa a las entidades que recibieron las ayudas «como partícipes a título lucrativo conforme al artículo 122 del Código Penal».

La Junta alertó desde 2013 del riesgo de prescripción de los delitos imputados y de la posibilidad de no poder recuperar el dinero presuntamente defraudado. Los avisos del gabinete jurídico afectaron a, entre otros, los empresarios Juan Manuel Prieto Guerra y Luis García y las otras diez personas para las que la Fiscalía ha solicitado la prescripción de los hechos delictivos. Según la Junta, las diligencias que solicitó en octubre de 2011 no concluyeron hasta octubre de 2015. En noviembre de 2011, la Junta solicitó nuevas imputaciones que, asegura, no se incorporaron a las actuaciones hasta más de dos años después, recoge Europa Press. En octubre de 2013, la Administración justificaba la necesidad de nuevas imputaciones para «evitar posibles prescripciones y, sobre todo, asegurar las responsabilidades pecuniarias».

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, atribuyó a la «estrategia dilatoria» de la Junta las prescripciones. «Es sorprendente y además me parece que genera alarma en el conjunto de la ciudadanía que ha visto cómo han ido saliendo irregularidades destapadas por la Policía y los medios», indicó. «Gran parte de la sociedad se queda estupefacta al ver que posibles delitos no sean juzgados porque han prescrito», añadió, defendiendo el trabajo «impecable» de la jueza Alaya, que, recordó, en varias ocasiones ha dicho que «echaba en falta la colaboración» de la Junta. El dirigente popular recordó que han sido muchas las acciones que ha tenido que emprender la magistrada para poder acceder a información y a expedientes de la Junta por su «falta de colaboración». A lo que añadió declaraciones de los últimos años que «sorprenden», de dirigentes socialistas llamándola desde «inquisidora» hasta «meterse con ella frivolizando con su ropa o su peinado».

En su última comparecencia pública, al recoger el premio de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Alaya admitió haber recibido «muchísimas presiones» y acusó a la Junta de «poner todas las trabas del mundo». Además, reprochó al Ejecutivo autonómico por «no darle los medios necesarios para el mejor desempeño de la labor judicial, aunque el poder judicial siempre ha salido a flote».

Los dos exconsejeros citados fueron investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) hasta que perdieron el aforamiento que mantenían por ser parlamentarios. De hecho, Vallejo ya prestó declaración como imputado ante el Alto Tribunal andaluz el día 15 de abril del pasado año 2015.

En su comparecencia ante el juez Álvaro Martín, realizada el pasado 9 de febrero, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo volvió a solicitar el archivo de la causa respecto a su persona al entender que “cumplir la Ley no puede ser nunca un delito” y “por no tener ninguna relación con el asunto de los ERE”.

Hay que recordar que, dentro de la pieza separada relativa al procedimiento específico, la juez incluyó a 52 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. No obstante, la pieza ya solo afecta a 51 personas tras el fallecimiento del ex director general del antiguo IFA Francisco Mencía Morales.

Entre estos 51 ex altos cargos, se encuentran todos los que fueron aforados en el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).