El PP intenta apartar a Izquierdo también en la rama política de los cursos

Presenta un incidente de recusación como ya hizo en la pieza de los ERE de Chaves y Griñán

El PP-A tiene un sentido de meta y no está dispuesto a salir de algunos barros judiciales sin pelear. Su representación procesal ha presentado un nuevo incidente de recusación contra el magistrado y ex alto cargo de la Junta Pedro Izquierdo, en esta ocasión por haber sido asignado para decidir sobre el recurso que presentaron los propios populares contra el archivo de la llamada rama política del «macroproceso» de los cursos de formación subvencionados, unas diligencias iniciadas en 2014 por Mercedes Alaya y centradas en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

En su escrito de 21 páginas, el abogado Luis García Navarro sustenta su pretensión en dos razones esenciales. La primera de ellas pasa por el interés directo o indirecto que el juez tendría en el proceso. «La causa de recusación que alegamos –asevera– es la pérdida de apariencia de imparcialidad que situamos en el artículo 219.1 O de la Ley Orgánica del Poder Judicial», relativo a esa cuestión, expone. Lo que denuncian los populares en torno a ese argumento es «la relación del magistrado con algunas de las partes del proceso», con los encausados «por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos como miembros» del Gobierno andaluz del que Izquierdo «ha formado parte» gracias al nombramiento del ex presidente Manuel Chaves, previa deliberación del Consejo de Gobierno. Un órgano interno el último, «al que pertenecía uno de los acusados –el ex consejero de Empleo Antonio Fernández–», y cuyas reuniones coincidieron en parte con el «espacio temporal» en el que el juez ejerció «de secretario general para la Modernización de la Justicia», de arranque, y sólo «de Justicia», después. Siempre, «con rango orgánico de viceconsejero».

García Navarro hacer reparar en su escrito en que el Tribunal Europeo ha usado el criterio del «observador objetivo» para evaluar «la plausibilidad de la apariencia de imparcialidad de un tribunal y su percepción social». Y sostiene que ese observador «se fijaría en que la relación del magistrado recusado con las partes, especialmente la Junta de Andalucía –personada en el proceso como acusación particular–, se extiende en el tiempo, al menos durante seis años». ¿Cuáles? Desde 2008 que ocupó su primer puesto con Chaves hasta 2014 cuando fue cesado ya con Susana Díaz a las riendas de San Telmo, y pasando en medio por ejecutivos de José Antonio Griñán. «De ello –insiste el representante legal del PP– se evidencia una relación continuada que genera una razonable percepción de proximidad que el artículo 2 de la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta» califica, dice, «de ‘especial confianza’». Punto en el que recuerda que el propio Izquierdo, en el ámbito de otra recusación planteada por el mismo partido en el ámbito de la pieza política de los ERE, admitió que su continuidad como ponente de ese juicio, que afecta a Chaves y a Griñán, podría suponer un «riesgo de que el enjuiciamiento de las conductas investigadas no se llevara a efecto de forma adecuada». Una grieta reconocida que, para García Navarro, sería «suficiente» también en el «caso de los cursos de formación» para que su recusación fuera estimada. Pero hay más, el segundo motivo. El letrado alude para lograr su objetivo a la pérdida de apariencia de imparcialidad que sitúa esta vez «en el artículo 219.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que considera la relación de dependencia del juez», que en este asunto se centra en la mantenida con el Ejecutivo autonómico.

Al margen de ese documento judicial, consultado por LA RAZÓN, el vicesecretario de Organización y Formación del PP andaluz, Toni Martín, quien anunció ayer la formulación del incidente, aseveró que Izquierdo, presidente en la actualidad de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, «ya ha tomado decisiones judiciales en siete causas», antes de que se hiciera público la conexión entre éstas y los gobiernos a los que perteneció. De hecho, según apuntó en rueda de prensa, el pasado martes su partido tuvo constancia de otras dos designaciones más como ponente «para que este juez decida sobre otras diligencias previas, relacionadas con las causas de la formación y de los avales» otorgados por la agencia IDEA de la Junta. «En resumen», condensó Martín, «ya hay ocho procedimientos» en los tribunales, entre ellos el de los ERE y éste, en cuyos movimientos «ha participado el ex director general de Justicia de Chaves, Griñán y Susana Díaz».

«Y tenemos que escuchar como Díaz dice que ‘en política no cree en la casualidad’», prosiguió, a la luz de la nota en la que su formación reflejó ayer su intervención, para añadir: «Si hubiera que hacerle caso, nosotros tampoco deberíamos creer que tantas decisiones judiciales que afectan a su Gobierno recaen por casualidad en el señor Izquierdo».

En cualquier caso, justificó los pasos dados por el PP en los juzgados contra el magistrado en la preferencia de su formación en que sea la Justicia la que determine si éste está en condiciones o no para dictaminar en las mencionadas ocho causas abiertas vinculadas a los ejecutivos del PSOE que integró. «Estamos convencidos de que no debiera tomar esas decisiones, pero será la Justicia, a la que respetamos, la que tenga la última palabra», remató.