El PP pedirá en el Parlamento que la Junta «no pase la mano»

El caso del alumno sevillano que ha obtenido el título de Educación Secundaria después de que la Administración educativa le aprobara dos asignaturas de las cinco que tenía suspensas no sólo ha indignado a la comunidad educativa, sino también al Partido Popular. El parlamentario autonómico por Sevilla Rafael Salas calificó ayer la decisión de la Delegación Provincial de Educación de «escándalo», por lo que la formación presentará una Proposición No de Ley en el Parlamento andaluz para reclamar que «casos como éste no vuelvan a ocurrir».

«Aprobar a los alumnos en los despachos de la Junta es un disparate», subrayó Salas, al tiempo que aseguró que el caso supone «todo un bofetón a la profesionalidad de los docentes», así como «un desprecio al profesorado y a sus criterios académicos», lo que deriva en una «devaluación del sistema educativo».

A su juicio, «un chaval con cinco suspensos no puede promocionar; es de sentido común». Por tanto, el hecho de que haya promocionado «es un engaño al alumno, a la familia, a los profesores y a la sociedad».

Por su parte, la presidenta del AMPA del instituto Los Álamos, Pilar Martín, lamentó a LA RAZÓN que «se haya cuestionado la profesionalidad de los docentes» y que el caso demuestra que «todo no se consigue con esfuerzo, sino también en los despachos».

Martín se mostró sorprendida de la «rapidez» con la que la Delegación Provincial de Educación ha resuelto el caso, aunque confirmó que la AMPA no ha recibido la resolución ni conoce los argumentos de la Administración educativa. «Es un proceso interno que ha acabado hace una semana. Todo es muy confuso y parece ser que la Junta tiene sus razones, ya sean técnicas o no».

«Preocupación»

Según confirmó, el alumno «venía suspendiendo varias asignaturas en los tres trimestres», una circunstancia que despertó la preocupación de los profesores. Tanto que, tal y como relató, los tutores llamaron a los padres del estudiante para comunicarles sus problemas. No obstante, Martín consideró que reclamar a la Administración educativa es una opción «válida y legal» y que alumnos del centro han recurrido a ella para mostrar su descontento con calificaciones o evaluaciones, pero «ningún caso ha llegado a este nivel».

Por ello, consideró que el camino iniciado por este alumno supone una «vía peligrosa» para el resto de estudiantes. Igualmente, sostuvo que esta decisión «se sale de la norma», tanto por «el hecho de cuestionar los criterios de evaluación de los profesores» como por «el número tan abultado de asignaturas suspensas».

«Durante un año entero hemos tenido una inspección muy seria en el instituto y los métodos de trabajo han sido los correctos», subrayó Martín, representante de un colectivo que mostró su apoyo a los profesores a través de un comunicado. Igualmente, aseguró que, ante esta decisión, «poco más podemos hacer, ya que tampoco vamos a ir ahora contra el alumno».