El PP plantea la «inclusión real» del alumnado con necesidades por ley

El Partido Popular ha cogido el guante lanzado por las familias de los menores con necesidades educativas especiales y planteará el próximo 20 de abril en el Parlamento la creación de una ley de «inclusión real y definitiva» que acabe con la «gran falta de recursos materiales y humanos» que existe en la actualidad.

En Andalucía hay más de 45.000 menores escolarizados con necesidades educativas especiales, pero esta cifra se multiplica por tres si se tiene en cuenta al alumnado con dificultades de aprendizaje, con necesidades de audición y lenguaje, con necesidades de monitor o aquellos que directamente se encuadran en aulas específicas. El esfuerzo que realiza la Junta de Andalucía se antoja insuficiente para preservar los derechos que la Constitución (artículo 27), el propio Estatuto de Autonomía y la ley de Educación de Andalucía concede a los menores y a sus padres.

Como primer paso, y consciente del repentino interés de Susana Díaz por resolver por la vía legislativa los problemas en el servicio de atención temprana, el PP-A ha registrado una propuesta no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno andaluz en primero a «garantizar la libre elección de centro del alumnado con necesidades educativas especiales sin excepción» y en segundo lugar a «llevar a cabo las actuaciones necesarias» para que este alumnado «sea incluido como un colectivo prioritario para acceder a una plaza en el comedor escolar».

Como tercera medida, el grupo popular exige «garantizar la dotación y asignación de recursos –humanos y técnicos– a todos los centros educativos públicos para el próximo curso 2017-18, a fin de solventar las carencias que actualmente existen y poder así atender debidamente al alumnado con necesidades especiales». Además, y como punto más relevante, la PNL incluye el compromiso de presentar durante el segundo periodo de sesiones de 2017 «un Proyecto de Ley de Inclusión Educativa para el Alumnado con Necesidades Educativas Especiales desde su nacimiento y donde se contemplen todas las enseñanzas regladas» con la finalidad de «conseguir una inclusión real y definitiva de estos alumnos y una atención más personalizada en aquellos casos en los que se precise. Por último, en un quinto apartado se hace mención a la necesidad de «revisar y armonizar la legislación de los centros de educación especial» de Andalucía.

En su exposición previa, los populares recalcan la obligación del Gobierno andaluz de acabar «con cualquier forma de discriminación» y la necesidad de «fomentar la igualdad entre todo el alumnado andaluz». Esta propuesta ha sido remitida a los diferentes sindicatos de enseñanza y otros colectivos educativos con la esperanza de que tenga un amplio respaldo cuando se debata después de Semana Santa en el Parlamento andaluz.