El PSOE redobla la ofensiva a Alaya tras el «teatro» de un imputado en el juzgado

El PSOE vuelve a redoblar su presión hacia la juez instructora del caso de los ERE. El vicesecretario general del partido en Andalucía, Mario Jiménez, acusó ayer a la magistrada de utilizar expresiones «ofensivas» contra las personas que acuden al juzgado y de «impedir» la grabación de las declaraciones, incurriendo en una «indefensión» de los imputados.

Hay una clara estrategia para intentar socavar la instrucción, después de que la magistrada haya llegado a las cotas más altas de responsabilidad política, pidiendo la imputación de los ex presidentes Chaves, Griñán y otros cinco ex consejeros de la Administración andaluza. El jueves, el abogado del ex director general de Presupuestos y ex «número dos» en la Consejería de Presidencia con Susana Díaz al frente, Antonio Lozano, mantuvo un áspero enfrentamiento con la juez por cuestiones formales. Pidió que se grabara la declaración, un receso a los veinte minutos de comenzar para estudiar la estrategia de defensa o dictar directamente la declaración a un funcionario. Como entendió que no se preservaban los derechos constitucionales de su cliente, se levantó del interrogatorio a la octava pregunta. Después de que la juez le reprochara que estaba haciendo «teatro».

Todo apunta a que el plan estaba trazado de antemano. Y lo confirma la reacción ayer del vicesecretario general de los socialistas. El objetivo es poner el foco sobre la presunta indefensión que causa la forma de instruir de la juez. Aprovechando además un momento propicio, ya que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una brecha al pedirle a Alaya que motive más el auto por el que da traslado del caso en «calidad de imputados» a Chaves y Griñán, al «no ajustarse a derecho».

Jiménez cargó duramente contra la magistrada. Criticó el «nivel de contaminación política» que hay detrás de la instrucción. La polémica declaración de Antonio Lozano el jueves es, en su opinión, una muestra de los «términos en que se viene produciendo la instrucción del caso, con falta de rigor y sin garantizar la tutela judicial efectiva», señaló, según recoge Europa Press.

«Ahora se entiende por qué la juez no quiere que se grabe lo que ocurre allí», abundó Mario Jiménez. La juez motivó su rechazo el jueves esgrimiendo varios argumentos. Primero, por «carecer de cobertura legal». Segundo, «porque las actas del secretario dan total cobertura a las declaraciones de los testigos e imputados, salvaguardada por fe pública del secretario judicial». Tercero, «por eficacia, ya que son declaraciones larguísimas y complejas que no evitarían levantar acta para estudiar o repasar la parte que interesa en cada momento». Y, en último lugar, porque la grabación «aumentaría la expectación mediática que existe sobre el asunto».

Las grabaciones son obligatorias en la jurisdicción civil, no en la penal. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico señalan que la grabación siempre es más garantista, pero que el problema reside en la difusión del material, ya que no está regulado y existe un vacío legal, que emana de una legislación del siglo XIX. El juez Castro, por ejemplo, rechazó la grabación de Urdangarín. Las de Bárcenas en el despacho del juez han abierto telediarios.