Política

Elecciones andaluzas

El realojo de unos okupas que desencadenó una crisis política en Andalucía

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz y el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz y el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrioslarazon

La crisis en el seno del Gobierno andaluz de coalición a raíz de la concesión de viviendas a familias desalojadas de la corrala Utopía sigue abierta tras varias horas de reunión del comité de enlace PSOE-IU, que sigue reunida esta tarde.

Cuando hace casi dos años, en mayo del 2012, una veintena de familias ocuparon un edificio en la avenida sevillana de San Lázaro no podrían imaginar que su ya famosa Corrala Utopía generaría graves tensiones entre PSOE e IU en el gobierno andaluz, cuyo comité de enlace lleva horas reunido.

La falta de acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla para dar una solución a su realojo conllevó que el pasado domingo fueran desalojados por la Policía Nacional por orden judicial, fallo que había sido recurrido por las familias ocupantes y cuya suspensión había solicitado el gobierno regional.

Las 22 familias sevillanas desalojadas iniciaron una acampada esa misma noche ante las puertas del Ayuntamiento hasta recibir una solución, rechazando propuestas que barajaba el gobierno municipal de realojo en el albergue de transeúntes de la capital hispalense.

El Ayuntamiento ya había anunciado que no podía ofrecer viviendas sociales para las personas desalojadas de la corrala porque están adjudicadas a otras familias y su alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), dijo que hay que cumplir la legalidad vigente y no se puede "primar un hecho ilícito, como es una patada a la puerta", en la asignación.

"Una patada a la puerta no se puede utilizar como un antecedente para que se le asigne vivienda a alguien cuando hay otros que tienen el mismo o más derecho", insistió Zoido, quien aseguró que la presidenta de la Junta, Susana Díaz (PSOE), compartía esa opinión.

Mientras tanto, en la céntrica Plaza Nueva, alrededor de mantas, sacos de dormir y pancartas en el suelo donde se leía "La Corrala resiste"o "La Corrala sigue viva", estuvieron estas familias hasta que ayer desde la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige IU, se les entregaron las llaves de las viviendas para su realojo.

Esa había sido desde el primer momento la propuesta de IU, pero antes de esa entrega de llaves, en contra de lo ya anunciado por la Consejería que dirige Elena Cortés -de viaje estos días en Colombia-, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, había asegurado en los pasillos del Parlamento que se ponía "el contador a cero"en este asunto y que finalmente no se les iba a realojar de forma inmediata.

La contradicción entre los socios de gobierno, en un asunto como la función social de la vivienda que IU ha tomado como bandera en esta legislatura, y la entrega de llaves por parte de la Consejería derivó en la decisión de la presidenta, Susana Díaz, de elaborar un decreto en el que retiraba temporalmente a la Consejería las competencias relativas a la adjudicación de viviendas públicas.

Hoy en el Parlamento ha informado de que revisará ese decreto "si se recupera la normativa legal", pero lo cierto es que el comité de enlace de ambos partidos acumula ya horas de reunión buscando una solución.

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha reconocido a los periodistas en un receso de la reunión que "hay dificultades"pero que seguirán dialogando, mientras que el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, ha argumentado que "un decreto que no se publica no es un decreto".

Díaz ha asegurado en la Cámara regional que hará "lo que tenga que hacer"para que en Andalucía "impere la igualdad, la legalidad y la justicia".

Desde la oposición, el presidente del PP-A, Juan Manuel Moreno, ha señalado que la situación que se está viviendo en el Gobierno andaluz es "la crónica de una muerte anunciada"y ha pedido que Díaz destituya de manera "fulminante"a Cortés.

Al margen de esta crisis de gobierno, las familias, realojadas en viviendas de diferentes barrios de la ciudad, esperan impacientes una solución a un problema enquistado.