El SAF alerta de que la Junta diseña otra vía al «enchufismo» en la administración

La Junta de Andalucía aborda de forma simultánea dos proyectos de decreto con los que implantar un nuevo modelo de relación de la Administración con la ciudadanía. Este periódico informaba ayer de la remodelación «a coste cero» de la red de oficinas de registro e información que implicará la fusión de muchas sedes con la idea de optimizar recursos y costes. Una apuesta por la administración electrónica, «sin papel», que de forma paralela lleva al gobierno andaluz a elaborar un proyecto de «simplicación de procedimientos y racionalización organizativa». A priori, la Junta se dota de un instrumento normativo que regula «aspectos horizontales de la actividad administrativa para hacerla más sencilla, simple, ágil, accesible a la ciudadanía y, por todo ello, más productiva», pero desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) advierten a LA RAZÓN de una segunda intención: abrir una vía más al «enchufismo» con la derogación de un decreto que «vacía de funciones» a funcionarios de alto rango merced a una de las disposiciones finales incluidas en el borrador de proyecto de decreto que desde el 1 de marzo se somete a información pública.

La Junta asegura que los fines que persigue con esta normativa son «mejorar las eficacia y la eficiencia en la actuación administrativa, garantizar e implementar los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración, y preservar la seguridad jurídica determinando las condiciones de validez y eficacia en el uso de los medios electrónicos en las relaciones jurídico-administrativas». Como ocurría con el decreto de relación con la ciudadanía de la administración, el desarrollo de esta norma «no debe implicar disminución de ingresos ni aumento de gasto», de hecho, el Director General Rafael Carretero expone en la memoria económica que la ejecución «supondrá una disminución considerable de costes y un ahorro para la Administración andaluza de recursos personales y materiales (ahorro de papel y la reducción de a emisión de CO2).

Bruno García, secretario general del Sindicato Andaluz de Funcionarios, alertó de que el Gobierno andaluz pretende derogar un decreto «que no tiene nada de que ver» con el asunto principal: la administración electrónica. «Como organización sindical lo que más nos preocupa es que mientras que la Ley 39/2015 establece que los registros administrativos tengan personal funcionario público, en ningún momento del decreto se especifica que sean funcionarios de carrera, cuando las labores de registro por ley deben corresponder a personal funcionario, como también lo atestigua la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Nos preocupa que se pueda aprovechar este decreto para meter funciones al personal laboral que tienen en las agencias. Todos sabemos que ya tienen alrededor de 30.000 enchufados en agencias administrativas, públicas empresariales y de régimen especial. Si no con funciones en los registros, sí mantenerlos dentro de la Administración en las oficinas de atención a la ciudadanía», explicó.

El sindicato admite que en ocasiones hay personal laboral que está teniendo acceso a los programas informáticos de registros. «No sabemos cómo, pero sobre todo en las Oficinas Comarcales Agrarias y en la oficinas del SAE», señala García.

Además, el SAF afirma haber detectado algo «muy grave», la inclusión en la disposición derogatoria de Decreto 90/1993, de 13 de julio, por el que se asignan diversas funciones a determinados órganos administrativos. «No tiene nada que ver con esto, creemos que están aprovechando para vaciar de funciones al personal funcionario de alto rango», dice el secretario general. En concreto, el mencionado decreto hace referencia a las labores de los jefes de servicio, jefes de sección y jefes de negociado. «Parece que no quieren que se sepan las funciones del personal funcionario, no sabemos si para meter personal laboral. Nos parece gravísimo. Si los jefes no tienen una funciones definidas, cualquiera puede hacerlas. Es algo básico que tiene que existir», recalca. Sin este decreto vigente, «cualquier personal laboral puede hacer un borrador de propuesta de resolución de un procedimiento, por ejemplo». El sindicato trabaja en la presentación de alegaciones que frenen las mencionadas medidas dentro del plazo previsto.

La oposición del SAF es frontal. El sindicato niega que las medidas a adoptar supongan un ahorro significativo como detalla el borrador del proyecto. «El personal será el mismo, con los mismos ordenadores, despachos y departamentos. No habrá cierres de departamentos por la eliminación de un registro. Sí habrá personal que pase de un sitio a otro, pero las sedes que cierren se pueden quedar como oficinas de atención a la ciudadanía, de ahí que no haya ahorro, sólo el de papel al conseguir que todo sea telemático».