El SAF cree inconstitucional el Decreto de los interinos y pleiteará su aplicación

El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) considera que el Decreto-Ley 5/2013 que regula el empleo del personal funcionario interino en la Administración General de la Junta de Andalucía, «para el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios públicos» es «a todas luces inconstitucional». «Quiebra el principio de igualdad y vulnera los de mérito, capacidad y publicidad a la hora de acceder a la función pública –artículos 14, 23 y 103 de la Carta Magna–», mantienen fuentes de la organización.

Desde esa convicción, anuncian a LA RAZÓN que solicitarán a la Defensora del Pueblo Estatal que «presente un recurso de inconstitucionalidad» y recurrirán en los tribunales «los actos administrativos» que genere la aplicación de la norma, convalidada en el Parlamento el 24 de abril con el PP en contra, dada la dificultad que implica recurrir el Decreto en sí, al tener rango de ley.

Desde el sindicato explican su postura. Los procedimientos de selección del personal interino regulados antes en el artículo 28 del Decreto 2/2002 se han modificado con un «decretazo» que privilegia a quienes, cesados legalmente, cuenten con 45 o más años de edad y presten servicios con anterioridad al 1 de enero de 2005. «Ahora, los interinos que cumplan con esos requisitos pasan a ocupar los primeros puestos de las bolsas, aunque no se hayan presentado en las últimas pruebas selectivas –oposiciones– ni formen parte de aquéllas», avisan.

Creen que el 5/2013 «consagra antiguas formas de enchufe porque otorga privilegios a un colectivo que históricamente ha sido favorecido por la Junta, el de funcionarios interinos que en su día se acogieron al Pacto de Estabilidad en el trabajo de 1996 –más de 2.900 personas– y que la Justicia declaró nulo por vulnerar varios artículos de la Constitución».

¿En qué consistían los privilegios de los «interinos estables»? Según recuerdan, «las plazas que ocupaban no se ofertaban a los funcionarios de nuevo ingreso, pero sí se ofrecían los puestos de los interinos que eran legal y automáticamente cesados». Así, mientras los nuevos funcionarios «peregrinaban» por la geografía andaluza, «los 'estables' ocupaban puestos en sus provincias de residencia, muchos plazas de estructura sustraídas a los funcionarios de carrera; por no hablar de los cargos de libre designación que de manera ilegal ocuparon decenas de estos privilegiados».

Si bien, la resolución del último concurso de méritos hizo «saltar las alarmas para ese grupo, los sindicatos de clase y la Administración andaluza», sostienen. ¿Por qué? «Al ofertarse todos los puestos vacantes y dotados presupuestariamente, y también a resultas, han cesado en sus puestos 223 interinos, al ser éstos ocupados definitiva y legalmente por funcionarios de carrera», indican.

De esos 223 interinos, «90 cumplen con los criterios recogidos en el 'decretazo' y pasarán a ser, nuevamente, 'estables'», critican. En ese sentido, apuntan que el 22 de abril de 2013 se publicó en la web del empleado público la relación del personal incluido en el ámbito de aplicación del artículo único del Decreto-Ley. «Está incompleta, no se aprueba por Resolución de la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, como sí ocurre en las demás bolsas de interinos; no está firmada y no incluye la fecha de nacimiento ni la antigüedad en la Administración», denuncian.

Con todo, tras analizar distinta documentación, el SAF concluye que «de los 90 interinos rescatados por el nuevo Decreto-Ley, 85 se acogieron al anulado Pacto de Estabilidad de 1996 y la media de prestación de servicios en la Administración es de 23 años –los interinos deben nombrarse por razones justificadas de necesidad y urgencia–». Y hay más: de los 90 puestos ocupados, «25 eran de estructura y no han sido ofertados en los concursos de méritos, además, en la última oferta de empleo pública (OEP), convocada en 2010, sólo 16 de los 90 favorecidos por el 'decretazo' se presentaron a los procesos selectivos». De ellos, «sólo uno aprobó un ejercicio pero no superó las oposiciones».

Por último, «sólo otro de los 90 forma parte integrante de las diferentes bolsas de interinos de la OEP de 2010», indican.

En ese sentido, se preguntan: «¿El Gobierno andaluz legisla para 'el mantenimiento de la calidad y eficiencia de los servicios públicos' o simplemente para la conservación de su red clientelar?». A juicio del SAF, la política de empleo de la Junta «no es igual para todos» y conlleva «una doble vara de medir»: «Legislan para favorecer a unos interinos, mientras cesan a otros sin necesidad legal de acometerlo», deslizan.

Y rematan con más datos. En 2010 se ofertaron 30 puestos para funcionarios de nuevo ingreso del Cuerpo A1.2028 de Ciencias Sociales y del Trabajo. Colectivo adscrito en su mayoría en las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE). 25 estaban ocupados por interinos que cesarán para que tomen posesión los nuevos funcionarios de carrera.

«Todo sería normal», plantean, «de no ser porque en el último concurso de méritos han quedado vacantes más de 140 plazas con las mismas características que las 30». Lo ejemplifican: «En el SAE de Los Palacios se han ofertado dos puestos ocupados por interinos y hay dos vacantes y en el de Utrera se ofrece uno y hay tres libres».