El SAF exige de nuevo a la Junta datos sobre los «enchufados» de Dapsa

Tras tres meses de espera avisa de acciones penales si el silencio se prolonga. El gobierno regional critica que tampoco acate la sentencia que obliga a desvelar información de externos.

En enero el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) resgistró un escrito dirigido a la Secretaría General para la Administración Pública de la Junta en el que se dejó constancia de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) había anulado la integración de los trabajadores de la Empresa Desarrollo Agrario y Pequero (Dapsa) en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, que acumula una plantilla de 3.020 empleados.

Ya entonces el sindicato pidió que se comunicara a las jefaturas de servicio «u órganos asimilados de los Servicios Centrales» de la Consejería de Agricultura, sus delegaciones territoriales y los entes «asimilados» de la agencia –directores de las OCA–; que mantener a los más de 1.800 trabajadores de la extinta Dapsa en sede administrativa desempeñando determinadas tareas que corresponden a funcionarios podría suponer la comisión de delitos de diferente naturaleza.

Más de tres meses después el SAF no ha recibido respuesta alguna por parte de la Consejería de Hacienda, de la que depende la mencionada Secretaría General, por lo que el 2 de mayo volvió a presentar un documento, firmado por el presidente del sindicato, José Manuel Mateo, en el que solicita otra vez al Gobierno andaluz datos «sobre las actuaciones realizadas» en relación al documento de enero. «Esto es –se explica en el nuevo texto al que ha tenido acceso LA RAZÓN– si se ha informado sobre dichos extremos a los jefes de servicio, si se ha dictado circular, instrucción u orden alguna y actuaciones o medidas adoptadas encaminadas a evitar la usurpación de potestades públicas y la contratación de servicios externos para suplir la carencia de medios personales».

Hecha la petición, Mateo advierte de que en caso de que la respuesta vuelva a ser el silencio, el SAF «se reserva las actuaciones legales que estime procedentes para la exigencia de responsabilidades penales». ¿Contra quién? «Los titulares de los órganos administrativos que, en incumplimiento de resolución judicial sobre la obligación de suministrar información a los sindicatos en defensa de los intereses de los funcionarios a los que representa, puedan incurrir en delito de desobediencia previsto en el artículo 410 del Código Penal».

Mateo lo tiene claro: «Los 'enchufados' de Dapsa no son empleados públicos y no pueden desempeñar tareas que impliquen el desarrollo de las potestades de aquéllos», defiende desde hace meses.

En la misma línea, el Sindicato Andaluz de Funcionarios presentó un escrito ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública y la Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios en el que reclamó otra vez «toda la información» sobre el personal que se ha intentado integrar en la Administración gracias a la «ley del enchufismo» y que «lleva años negando al sindicato». En este caso, y según recogió ayer Ep, también se ha avisado al Ejecutivo autonómico de que la organización sindical «llevará a cabo acciones penales si la Administración no cumple el dictamen».

El SAF exige a la Junta que «acate» otro fallo del Alto Tribunal andaluz sobre este asunto y le remita «con una periodicidad semestral» las relaciones actualizadas «de efectivos reales, de plazas vacantes y de plazas desdotadas existentes de las relaciones de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración General». De hecho, recuerda que además de proporcionar esa información, el TSJA condenó a la Junta a las costas.