Sevilla

El «saqueo» de Invercaria y de los ERE, en las cuentas de 2014

La Razón
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El PP-A exige a la Junta de Andalucía que en el Presupuesto de 2014, que debe estar presentado antes del 31 de octubre, incluya una aplicación presupuestaria de ingresos donde se refleje la cantidad de dinero que pretende recuperar de lo defraudado en los casos de los ERE y de Invercaria. Hasta ahora, la Junta sólo ha conseguido ingresar 5,3 millones de euros del «caso de los ERE fraudulentos». Durante la década que rigió el «fondo de reptiles» y que investiga el juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, la Junta libró en torno a mil millones de euros para el pago de prejubilaciones y ayudas a empresas con cargo a la partida 31L.

En rueda de prensa, el portavoz de Presupuestos y Empleo del Grupo Popular en el Parlamento, Rafael Carmona, y el secretario general del grupo, Rafael Salas, anunciaron que si la Junta no incluye esa aplicación presupuestaria, el PP-A lo solicitará a través de una enmienda a las cuentas del próximo ejercicio.

Carmona indicó que si la Junta ha abierto varios expedientes de reintegro de ese dinero concedido irregularmente, lo tiene que reflejar en los próximos presupuestos. Criticó, asimismo, que el Gobierno andaluz no haya dicho hasta ahora cuántos son verdaderamente los expedientes de reintegro que ha abierto.

Rafael Carmona indicó que en el «caso de los ERE» estaríamos hablando de unos 1.500 millones de euros defraudados–sumando intereses y partidas fuera de cobertura presupuestaria–, mientras que, en el caso de Invercaria serían unos 50 millones.

Asimismo, aseguró que IULV-CA, socio del PSOE-A en la Junta, tiene la oportunidad de demostrar si realmente quiere que se recupere ese dinero, apoyando que se incorpore en el presupuesto del próximo año esa aplicación presupuestaria de ingresos. El PP-A también reclama a la presidenta de la Junta la destitución inmediata de los dirigentes de Invercaria y de la Agencia IDEA que aún permanecen en sus puestos y que vienen de la época en la que se produjeron las irregularidades en la concesión de ayudas, como el director general de IDEA, Antonio Valverde.