El «sumidero» de las «caracolas» escolares: seis millones más de coste en dos años

Educación continúa «parcheando» colegios con aulas prefabricadas, que reubicará o destruirá según su estado de conservación

Eliminarlas cuanto antes. Ésa fue al inicio del curso la promesa de la consejera de Educación sobre las 317 aulas prefabricadas que todavía se mantienen en 178 colegios e institutos públicos de los 4.500 existentes en la comunidad. Un compromiso que no se cumplirá previsiblemente en el siguiente curso ni en el próximo, a tenor del contrato licitado por la Agencia Pública de Educación que prevé destinar casi tres millones de euros por año a las labores de reubicación y mantenimiento de las llamadas «caracolas». Según publica el perfil del contratante de la Junta, son tres las empresas que optan: Dragados, la UTE Heliopol-Remsa y Algeco Construcciones Modulares. En la práctica, supone alargar la vida de estas instalaciones teóricamente efímeras que no acaban de ser erradicadas de la educación pública andaluza y en las que todavía reciben clase 8.700 alumnos. El contrato contempla una prórroga de otros doce meses por idéntica cuantía, por lo que el gasto rozaría los seis millones de euros para «parchear» las infraestructuras educativas.

Al poco de acceder a su cargo, en junio pasado, la consejera Adelaida de la Calle hubo de afrontar la primera polémica al asegurar que no se instalarían nuevas caracolas en el presente curso, que finalmente abrió con 40 nuevos módulos en 35 centros. Un «intercambio» entre provincias que dejaba el balance en números similares al del curso anterior. Sólo en Málaga más de 1.500 niños reciben clases en caracolas; en algunos municipios almerienses como Níjar, Cuevas de Almanzora o Roquetas de Mar estas aulas acumulan diez años de antigüedad. De la Calle mantuvo entonces que la mitad de las existentes tienen detrás una obra en ejecución o «una solución en marcha» y cifró el coste medio en 30.000 euros –todas propiedad de la Junta y sólo dos se mantienen en alquiler por entre 1.200 y 1.300 euros–.

En el pódium de comunidades

Bajo el epígrafe «servicio de desmontaje, traslado, almacenaje, montaje, desguace y mantenimiento de módulos prefabricados propiedad de la Consejería de Educación destinados en centros públicos» se sacó la licitación en octubre. Educación lo dividió en dos lotes, distinguiendo entre módulos de tipo 1 y de tipo 2, siendo más cuantioso el segundo al superar los 3,6 millones de euros (sin IVA) en los dos ejercicios previstos para su ejecución, con prórroga incluida. El precio de partida para el primero asciende a 1,17 millones. Detalla además que el motivo de la licitación son los servicios para trasladar las instalaciones «bien a otros centros para ser implantados, bien a un lugar donde puedan quedar almacenados y custodiados para su posterior utilización o tratamiento como residuo en caso de causar baja». Con ello, la Junta evidencia su intención de seguir implantando esta solución para paliar el déficit de plazas escolares en determinadas zonas, algo que los partidos de la oposición, PP, IU y Podemos, vienen denunciando por la desigualdad manifiesta que crea entre los niños andaluces. Las caracolas, además de peores condiciones que los edificios permanentes, suponen restar espacio de uso recreativo a los menores. La Consejería nunca se ha aventurado a ofrecer una fecha para la supresión de los módulos transportables. De hecho, desde el Grupo parlamentario de Podemos se exigió incluir una partida específica en los presupuestos del próximo año, todavía sin aprobar. El Grupo Popular, por su parte, puso de manifiesto mediante una pregunta parlamentaria por escrito el caso de un centro escolar de El Puerto de Santa María (Cádiz) que cuenta con tres aulas «efímeras» desde 1985. El caso del Indira Gandhi de Mijas (Málaga) es paradigmático por cuanto fue concebido íntegramente con instalaciones de este tipo, aunque está incluido en la programación de obras de 2015 de la Junta.

Andalucía no es, sin embargo, la única comunidad que recurre a esta alternativa. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se gastaron casi 54 millones de euros en alquiler de aulas prefabricadas entre 2007 y 2013. Cataluña cuenta con instalaciones efímeras en 90 de sus colegios e institutos públicos. Su proliferación llevó en 2010 al Defensor del Pueblo Español a iniciar una investigación de oficio, ante la «deficiente planificación» de las administraciones: entonces había 1.057 en Cataluña, 913 en la Comunidad Valenciana y 359 en Andalucía. En nuestra comunidad se habrían eliminado por tanto 42 aulas en cinco años. Castilla-La Mancha con 193, País Vasco (100), Navarra (57) y Aragón (32) son otras regiones que también han sustituido el ladrillo por la chapa de las prefabricadas.