El 'testaferro' encarcelado por los ERE falsos «posibilitó» un desvío de 7,4 millones

La Audiencia Provincial de Sevilla ha concluido que Eduardo Leal del Real, presunto 'testaferro' en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares a quien la juez Mercedes Alaya mandó a prisión bajo fianza de 50.000 euros, "posibilitó un desvío de fondos"de 7,4 millones de euros "a través de un entramado societario que controlaba".

En un auto, consultado por Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial rechaza el recurso interpuesto por la abogada del imputado contra el auto de prisión dictado por la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, que le imputó sendos delitos contra la Hacienda Pública, asociación ilícita y blanqueo de capitales, así como un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

El tribunal "no considera excesivo"en este momento procesal el importe de la fianza "visto el manejo de fondos realizado presuntamente"por el presunto 'testaferro' "durante la época de la supuesta comisión de los hechos", ya que, en primer lugar, "posibilitó un desvío de fondos"de 7.453.187,37 euros "a través de un entramado societario que controlaba".

Conforma la fianza de 50.000 euros

En segundo lugar, señala la Audiencia que, "de las cuentas de esas sociedades, llegó el imputado a extraer en efectivo la cantidad de 1.964.763,23 euros, a su vez transferida supuestamente por el 'holding Vitalia'", por lo que "desde esa perspectiva no es contraria a la lógica la inferencia"que hace la juez Alaya "en cuanto a que 'no evidencie' medios de fortuna', no equivale a que no los pueda tener", por lo que confirma la fianza de 50.000 euros impuesta.

"Que el imputado haya estado o esté sometido a otro procedimiento en que se decretó su libertad provisional y que venga en el mismo, según se dice, cumpliendo las obligaciones de presentación, no es argumento para enervar en este momento la exigencia de esa fianza vista la entidad y gravedad de los hechos que se le imputan en esta causa en relación con el delito a que se dice que se contrae ese otro proceso", razona.

El imputado también recurrió al entender que se había vulnerado su derecho a la libertad personal recogido en el artículo 17 de la Constitución, ya que a su juicio la detención superó el plazo legalmente previsto de 72 horas entre la propia detención, realizada por la Guardia Civil en el marco de la operación 'Heracles' que se saldó con 22 detenidos, y la notificación del auto de prisión.