El tranvía de Jaén se ejecutó «sin planificación alguna»

El tranvía de Jaén, construido por la Junta de Andalucía entre 2009 y 2011, empezó a funcionar en mayo de 2011 y fue paralizado poco después por orden judicial por presunta competencia desleal a la empresa concesionaria de los autobuses urbanos y definitivamente inactivo tras las municipales. El Tribunal de Cuentas ha cuantificado ahora el coste neto para la Administración en 128 millones de euros, incluyendo su implantación, puesta en explotación y mantenimiento, así como los gastos derivados de su inactividad. Este órgano fiscalizador concluye, para colmo, que en el desarrollo de la infraestructura «no se llevó a cabo planificación alguna». Un despilfarro absoluto que la Junta de Andalucía, que corrió a cargo del 94% del importe de la inversión, y el Ayuntamiento jiennense –que pagó el 6% restante– estudia retomar tras la realización de un informe técnico que audite el estado del sistema tranviario.

El informe aprobado ayer por el Tribunal de Cuentas asegura que en relación con la planificación del tranvía «no consta existencia de antecedentes ni de la realización de estudios previos» por parte de la Junta ni del Ayuntamiento. Tampoco que se realizaran informes para comparar su aplicación con respecto a otros medios alternativos. Ni siquiera los convenios entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes con el Consistorio justificaban «suficientemente» la financiación. Y el ente fiscalizador cuestiona incluso que Ferrocarriles de la Junta, la sociedad a la que la consejería «atribuyó el desarrollo de la obra» contratase con terceros la totalidad de los trabajos, lo que la dejaba «ajena al control de la ejecución». Estos mismos contratos, según el Tribunal de Cuentas, incurren en «prácticas no ajustadas a los principios de igualdad, objetividad, transparencia y economía» en la gestión de los fondos públicos. Además, reflejan «infracciones de la normativa de contratos» Algo que se repitió en diversos contratos del Ayuntamiento de Jaén para la puesta en funcionamiento del servicio, incurriendo en la «falta de justificación de la necesidad de la contratación o la tramitación por procedimiento negociado sin publicidad».

En relación con la repercusión sobre las haciendas de la Junta y del Ayuntamiento en relación con la gestión del tranvía, así como de los derivados de su inactividad, el Tribunal manifiesta que «se produjeron irregularidades e incidencias» tales como «la ausencia de fiscalización y de aprobación del gasto presupuestario».

La Junta «no procedió a la liquidación final de la subvención extraordinaria» al Ayuntamiento para el traslado de la policía local. Además, «exigió improcedentemente» por el procedimiento de apremio al Ayuntamiento sus obligaciones de financiación del 50% del coste de la dirección de las obras y de la adquisición del material móvil.

Entre las recomendaciones del informe se incluyen más rigurosidad, adecuadas justificaciones y mecanismos para asegurar el pago en plazo.