Empleo concedió 30 millones en ayudas irregulares, según el Consultivo

SEVILLA- La juez Mercedes Alaya, instructora de la investigación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha dejado claro en varios de sus autos una de las patas del caso: «El otorgamiento arbitrario de ayudas públicas por parte de la Consejería de Empleo, con un supuesto desinterés por los principios de objetividad, igualdad y no discriminación y por el cumplimiento del procedimiento legalmente exigible en cuanto a la concesión de las ayudas y a su control por la Intervención». Unos fondos que «escandalosamente» se otorgaban «a personas que no tenían derecho a ellas, creándose así una especie de clientelismo en torno al PSOE y a la Junta de Andalucía».

Ahora el Consejo Consultivo ha autorizado al Gobierno regional a reclamar la devolución de 30 millones de euros más intereses de demora por subvenciones concedidas «con carencia absoluta de procedimiento», por la Dirección General de Trabajo entre 2002 y 2008, en línea con lo apuntado por Alaya. Periodo en el que Francisco Javier Guerrero, en la cárcel de nuevo desde el 20 de marzo, estuvo al frente de ese departamento. El presidente del Consejo, Juan Cano Bueso, detalló ayer en San Telmo que el órgano que dirige ha analizado, a solicitud de la Junta, más de 200 expedientes de subvenciones desde 2011, de los que 197 ya han sido revisados y se ha emitido el correspondiente dictamen sobre ellos. ¿Las conclusiones? 83 de esas ayudas, menos de la mitad analizada y que suman un importe de 30 millones, se consideran anulables porque se concedieron con «discrecionalidad» o «arbitrariedad» ya que, según dicho órgano, carecían «total y absolutamente» del procedimiento adecuado. Y ello, pese a que, en ocasiones, la finalidad fuera lícita, como cursos de empleo para minusválidos, según ejemplificó el presidente.

Otros 92 expedientes se han devuelto porque han caducado –lo que sucede a los tres meses de arrancar el procedimiento– o para subsanar deficiencias formales en la tramitación. Y hay que sumar siete más que se han archivado porque, según Cano Bueso, no existe causa de nulidad o porque, a pesar de ésta, «el Consejo ha apreciado que por razones de buena fe, de tiempo transcurrido, de finalidad lícita o justificación de gasto» no ha de devolverse el dinero público. Al margen de esos bloques, el Consejo tiene que pronunciarse aún sobre más de una veintena de expedientes y augura que recibirá de la Junta en torno a otro centenar. Con todo, Bueno quiso señalar que se han revisado «subvenciones irregulares para las más variopintas actividades», pero, en ningún caso ERE. Ahora corresponde a la Junta pedir la devolución de los 30 millones. De momento, ayer le entregó a Griñán la memoria del ente de 2012, año en el que recibieron 1.300 solicitudes de dictamen, un 45% más que en 2011.