«Enmienda a la totalidad» de la política de la Junta en el informe anual del Defensor del Pueblo

Maeztu denuncia que «los recortes» y «los fallos de gestión» lastran la salida de la crisis económica

La salida real de la crisis, esto es, la recuperación de derechos sacrificados en pos de la recuperación, sigue siendo una ficción, según denunció el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que ayer presentó su informe de 2017. Los datos macroeconómicos todavía quedan lejos de la realidad doméstica. Maeztu criticó que los «recortes» y los «fallos de gestión» por parte de las administraciones lastran la recuperación. El informe, en expresión utilizada por IU, supone «una enmienda a la totalidad a la gestión de Susana Díaz». Más allá de los agravios que denuncia la Junta, las quejas se centran en asuntos como la educación o la vivienda, competencias que gestiona la Junta.

El Defensor –que aludió a «los grilletes» de la limitación del gasto sin que sirva de excusa ante las quejas– señaló que «algunos derechos están oscurecidos o ensombrecidos por la falta de disponibilidad presupuestaria o, en algunos casos, por fallos en la gestión o coordinación». «La crisis sigue presente en la vida de miles de familias andaluzas», destacó la Oficina. Al cumplirse una década de su impacto, «las familias tienen la impresión de que la recuperación de los datos económicos no se acompasa a su situación». «Parece que hemos salido de la crisis si se miran los grandes números y las normas que enfatizan la recuperación de algunos derechos, pero no desde el punto de vista de los niveles de vida reales, ni los de empleo de calidad», resaltó. «La tasa de desempleo es menor, pero sigue siendo muy alta y, probablemente, hasta que no se recuperen las tasas anteriores a la crisis no se podrá hablar de recuperación. No hemos vuelto al punto de partida, y en este trayecto tenemos que reflexionar sobre dos consecuencias capitales: la irreversibilidad de algunos derechos a los que hemos renunciado, quizás para siempre, y qué modelo de sociedad hemos heredado de esta crisis, con unos niveles de desigualdad que no sólo no disminuyen, sino que han crecido».

La Oficina del Defensor observa que «ante los mensajes de una incipiente recuperación económica, las personas reivindican una vuelta al punto donde nos quedamos». En 2017 «han sido constantes las movilizaciones que reivindicaron la prestación de más y mejores recursos públicos». «Los derechos sociales otorgan al sujeto la facultad de exigir que se le entreguen ciertos bienes (derecho a una vivienda digna), se le presten ciertos servicios (educación, protección de la salud) o se le transfieran ciertos recursos (pensiones, subsidios, rentas de inserción...), pero las restricciones presupuestarias implantadas en estos tiempos de crisis (reforma constitucional incluida) dificultan o impiden la respuesta efectiva de las administraciones», señaló. «A diario, nos encontramos en la respuesta a nuestras actuaciones la clásica muletilla que vincula una medida a una aplicación presupuestaria. En otros casos, hay presupuesto, pero nos encontramos con un problema de gestión o de mala coordinación que retrasa las ayudas y prestaciones a plazos insostenibles», criticó, llegando a la conclusión de que «existen derechos subjetivos que están oscurecidos por la amenaza de la disponibilidad presupuestaria o los fallos en la gestión, con una incidencia directa en la prestación de servicios públicos». «Si queremos una sociedad igualitaria, los derechos vinculados al Estado de Bienestar deben tener prioridad sobre los criterios económicos. Hay que encontrar la manera de que la financiación para estos derechos esenciales estén blindados y no queden al albur de la coyuntura».