Entregan documentos que prueban que el Gobierno andaluz conocía el fraude

La Junta de Andalucía ha aportado hoy documentos a la juez Alaya con los que se demuestran, según los peritos de la Intervención General del Estado, que el Consejo de Gobierno conocía el fraude que se producía en la concesión de los ERE.

La Junta de Andalucía ha aportado hoy documentos a la juez Mercedes Alaya con los que se demuestran, según los peritos de la Intervención General del Estado, que el Consejo de Gobierno conocía el fraude que se producía en la concesión de los ERE, han informado fuentes judiciales.

Tras el requerimiento de la juez, la Junta ha aportado hoy las memorias de 2005, 2006 y 2007 que acompañan las propuestas de acuerdo para elaborar los informes de control financiero permanente que llegaban al Consejo de Gobierno.

De esta forma, según las mismas fuentes, en el Gobierno andaluz tuvieron conocimiento de las irregularidades en el uso de las transferencias de financiación para conceder ayudas sociolaborales.

Los peritos hicieron ayer esta afirmación pero carecían del soporte documental que la confirmara porque la Junta no había aportado hasta hoy los documentos, han agregado las fuentes.

También conocieron esas irregularidades la Intervención General de la Junta, la Consejería de Hacienda y la comisión general de viceconsejeros, conocida como “consejillos” y que es previa al Consejo de Gobierno, han apuntado las fuentes.

En la segunda jornada de la ratificación de su informe, en el que critican el sistema de concesión de los ERE y que es clave para la acusación contra los imputados, los peritos también ha señalado que otras consejerías, además de la de Empleo, aportaban dinero para ayudas laborales.

Los peritos también han afirmado hoy ante la juez que la Junta de Andalucía ocultó información a la Comisión Europea en una ayuda de 4,5 millones de euros concedida a la empresa malagueña A Novo Comlink, dedicada a las telecomunicaciones.

Según fuentes judiciales, los peritos han respondido, tras una pregunta de Alaya, que la Junta envió información “incompleta y sesgada” a Europa para hacer ver que la ayuda era de carácter individual para cada trabajador cuando en realidad estaba destinada a una empresa, lo que evitaba tener que devolverlas.

La normativa comunitaria impide que los estados concedan ayudas directas a empresas porque las sitúan en una posición de ventaja respecto a otras compañías, han apuntado las fuentes.

Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía elaboraron un informe respecto a esta ayuda en el que presentaban alegaciones avalando la ayuda, han añadido las fuentes.

En la sesión de ayer, los peritos, que suman 94 años de experiencia en la administración pública, han dicho que el uso de las transferencias de financiación por la Junta de Andalucía para las ayudas sociolaborales es “fraudulento” según la definición de la Real Academia Española de la Lengua: “engañoso, falaz”.

En su declaración, han precisado que de las 263 ayudas concedidas por la Junta, sólo 77 eran derivadas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y el resto no tenían que ver con ayudas sociolaborales.

Está previsto que los peritos continúen mañana con la ratificación del informe tras las preguntas hechas por la juez, la Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y algunas de las defensas, y la prueba se prevé que concluya el próximo lunes.