Esgrimen un informe de catedráticos para decretar nulo el último ERE

SEVILLA- La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) inició ayer el juicio por el ERE de Mercasevilla en 2013, que supuso el despido del 85 por ciento de su plantilla, 129 trabajadores, en el que el Comité de Empresa ha pedido su nulidad por no haber cumplido los trámites oportunos.

El juicio ha quedado aplazado hasta el próximo día 20 para que las partes puedan examinar un estudio elaborado para el Comité por dos catedráticos de la Universidad de Sevilla sobre los argumentos de la empresa para proceder a los despidos. La prueba documental rebate la tesis de la empresa, que mantiene que la lonja incurría en un monopolio irregular al ceñir a su plantilla servicios como el arrastre o la facturación del género.

Los trabajadores fueron despedidos con las indemnizaciones mínimas previstas por la ley y el Comité de Empresa pide que el ERE sea declarado nulo por no haber cumplido los trámites legales.

Se trata de una demanda colectiva interpuesta por el Comité de Empresa contra el ERE, que dejó fuera de la empresa a 107 empleados indefinidos y 22 temporales.

Como codemandados aparecen la asociación de mayoristas y varias empresas subcontratadas que a partir de entonces empezaron a realizar el trabajo de los trabajadores despedidos.

La mayor parte de los despidos estuvieron directamente relacionados con la liberalización de los servicios que entró en vigor en agosto de 2013, cuando se aprobó el ERE, y que permitió la libre contratación por parte de los mayoristas de los servicios que hasta entonces llevaba a cabo el personal de plantilla de la lonja.

En paralelo, Mercasevilla promovía una operación de ampliación de capital por valor de casi seis millones de euros para recabar fondos con los que afrontar las indemnizaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) asociado a la liberalización de los servicios que la plantilla presta en la lonja. El Ayuntamiento, como socio mayoritario de Mercasevilla, aportó 3.086.154 euros a esta ampliación de capital y, finalmente, el expediente de regulación de empleo fue consumado el 12 de agosto con 129 despidos.

Este ERE, el tercero llevado a cabo por Mercasevilla, se produjo después de los realizados en 2003 y 2007 que investiga la juez de instrucción 6 de Sevilla por haber incluido a «intrusos» y porque en el periodo previo a 2007 la empresa municipal contrató al mismo número de trabajadores que había despedido por, presuntamente, tener una plantilla sobredimensionada.

Hay que recordar que en otra empresa municipal como «Sevilla Global», Zoido también aplicó un ERE que posteriormente el TSJA «tumbó». Los despidos fueron declarados nulos y el Ayuntamiento se vio obligado a readmitir a los afectados hasta agilizar otro Expediente de Regulación de empleo, en este caso con la totalidad de la plantilla, y que también ha sido denunciado por la plantilla.