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Ex altos cargos de la Junta juzgados en la rama política de los ERE se escapan de otra pieza

El juez Vilaplana sí procesa a un ex delegado de Empleo en Granada y a otras ocho personas investigadas por las ayudas que el Gobierno autonómico concedió a las entidades Cespa y FCC

El juez Vilaplana sí procesa a un ex delegado de Empleo en Granada y a otras ocho personas investigadas por las ayudas que el Gobierno autonómico concedió a las entidades Cespa y FCC

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La tendencia se confirma y coloca aún más el foco en la voluminosa sentencia que se espera tras un año de juicio por la pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares. Hace unos días este periódico informaba de que el actual instructor de la «macrocausa», José Ignacio Vilaplana, había tumbado el intento del Gobierno andaluz de revertir la exclusión del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero del bloque que gira en torno a las ayudas públicas concedidas a la empresa Hijos de Andrés Molina (Hamsa), más su asociación de trabajadores prejubilados, y a su sucesora Primayor Alimentación Andalucía. Ahora el mismo juez defiende que no se puede depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento contra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el propio Guerrero y el también ex director general de Trabajo Juan Márquez por su participación en los hechos que se investigan en otra pieza del «macroproceso». Se trata de la que orbita sobre las subvenciones que se asignaron a Cespa y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) entre 2006 y 2007 «a fin de solventar el conflicto laboral que venían manteniendo con los trabajadores del sector de la limpieza pública de la provincia de Granada». Unos fondos cuya entrega se instrumentalizó «a través de la financiación de distintas pólizas de seguro».

En todos los casos, Vilaplana ha soportado su decisión en no cruzar, una orilla, un borde, un filo que ha establecido la Audiencia Provincial de Sevilla. Tanto Guerrero, en las ayudas de las dos mencionadas subcausas, como Fernández y Márquez ya habrían sido encausados por los mismos hechos en la rama política, la centrada en lo que se ha llamado el «procedimiento específico» por el que se repartieron los fondos públicos ahora bajo sospecha.

Por contra, el juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha acordado continuar como procedimiento abreviado el proceso abierto contra nueve personas por las subvenciones a Cespa y FCC, entre las que se encuentran el ex delegado de Empleo del Ejecutivo regional en Granada y ex alcalde de Motril, Luis Manuel Rubiales, y una representante de CC OO-A.

A los mencionados se suman el presidente y un vocal de la Asociación de Empresas de Limpiezas Pública (Aselip), los responsables de relaciones laborales de las empresas concesionarias, el vocal y director de Recursos Humanos de Cespa; un vocal y directivo de FCC, y un ex directivo de la entidad Vitalia Vida. Según informó ayer la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado ha decretado, vía auto, la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado contra todos ellos al entender que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

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En su resolución, el instructor da por indiciariamente probada la existencia del «irregular sistema de pagos cruzados» por el que los fondos asignados a una póliza concreta podían acabar en otra eludiendo la contabilidad de IFA y la agencia IDEA, que actuaron de cajas pagadoras de las ayudas, y la de la Consejería de Empleo.

Por último, Vilaplana ha mandatado el sobreseimiento provisional del procedimiento respecto de dos investigados, un asesor técnico y una secretaria de uno de los ex altos cargos.

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Nueva condena de 100.000 euros del Tribunal de Cuentas y otro caso ya prescrito

El Tribunal de Cuentas ha estimado parcialmente la demanda interpuesta por la Junta de Andalucía, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, por un menoscabo que cifra en 100.000 euros por las ayudas que recibió Roda Textil. Por su parte, se declara prescrita una ayuda de 2002 al Ayuntamiento de Camas de 65.699,80 euros para un proyecto de dinamización empresarial en la localidad. En ambos casos, aparece la figura de Francisco Javier Guerrero como responsable junto a los beneficiarios.

«El 25 de junio de 2004 se firmó un protocolo de colaboración entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y Roda Textil S.C.A. en el que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social se comprometía a la gestión y coordinación de las ayudas relativas al acompañamiento a las inversiones previstas en el Plan de Viabilidad con cargo a la partida presupuestaria 01.13.00.01.00.440.51.031L por importe de 90.000 €, y Roda Textil S.C.A. al cumplimiento del Plan de Inversiones de Futuro». Francisco Javier Guerrero era entonces el director general de Trabajo de la Junta, el principal encausado en la causa de los ERE. El Tribunal de Cuentas entiende que no ha quedado acreditado el interés social de la ayuda y que se hizo «un uso inadecuado de la figura de las transferencias de financiación». Estudios Jurídicos Villasís fue señalado en este caso como mediador en los pagos. En el caso de la ayuda al Ayuntamiento de Camas, el Tribunal de Cuentas señala que, salvo que «salvo que hubiese concurrido alguna causa que interrumpiese el cómputo el plazo de prescripción vencería el 17 de febrero de 2008».