FIVA: una «bonita» idea que costó 1,6 millones de fondos públicos

El titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, quien investiga presuntas irregularidades en la empresa de la Junta Invercaria, tomó ayer declaración a cinco testigos ligados al fiasco de la sociedad Ferias Internacionales de Andalucía (FIVA), destinataria de 1,6 millones de fondos públicos.

Uno de ellos, Francisco Gómez Recuero, explicó al instructor que, pese a no ser técnico informático –trabajó como comercial para FIVA desde febrero de 2007 hasta finales de septiembre de 2008–, veía que «el producto tecnológico no estaba terminado para lo que se pensaba vender».

No en vano transmitía a los ocho comerciales provinciales existentes «que vendieran la idea de FIVA, de la feria virtual, pero que no vendieran un producto porque entendía que no estaba terminado», admitió.

A juicio de Gómez Recuero, la naufragada sociedad no prosperó porque «no había producto», según se recoge en el acta de su declaración. «No había nada que vender salvo la idea, que era bonita», incidió. A lo que sumó con posterioridad que, en su opinión, «no se llegó a comercializar ningún producto terminado». Con todo, negó que le constaran reclamaciones de clientes –cada uno «abonaba unos 600 euros» y se captaron «30 o 40 empresas» en todo el mapa andaluz–. «Salvo alguna puntual», deslizó.

El licenciado en Derecho elaboró un plan de acción de ventas para la entidad de ferias en el que analizaba «cuánto tenía que vender cada comercial» para que el proyecto tuviera la «viabilidad» que nunca consiguió.

También compareció ante el juez Daniel Escribano, cuya empresa ofreció sus servicios a FIVA para mejorar la operatividad de la web y autor de un informe en el que concluyó que la plataforma de aquella «era poco usable». Análisis que llevó a cabo por orden del ex presidente de Invercaria, Tomás Pérez Sauquillo. En el juzgado insistió en que de acuerdo a lo que pudo «ver», la página web «FIVA.es» era «mejorable», dado que «la disposición de los elementos se podía haber hecho de otra forma más óptima». Una fórmula distinta que no supo decir cuántas horas ni euros hubiera supuesto. Lo que sí reflejó es que a un portal como el de FIVA «se le pueden realizar mejoras infinitas» y que, además de Novasoft, socio originario, «otras empresas que hubieran podido desarrollar el portal de FIVA». Si bien, los directivos de Invercaria sostuvieron que ninguna otra podía hacerlo.

La testigo María del Pilar Trujillano, técnico analista de inversiones en Invercaria todavía, manifestó no haber «realizado ningún informe» sobre la sociedad. Su superior, Manuel Jesús Rodríguez, imputado en la causa, también dejó claro el jueves que su departamento no los había llevado a cabo. Y, de nuevo como su jefe, Trujillano aseguró que ni por parte de la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz, ni de «nadie» de la entidad dependiente de la Agencia IDEA –adscrita a su vez a la Consejería de Innovación–, «se le ha pedido que elaborara informes predatados». O sea, negó el «maquillaje» de datos, pese a las polémicas grabaciones aportadas sobre este asunto por el ex directivo Cristóbal Cantos.

Sara Moreno, por su parte, constató otra práctica frecuente, según lo apuntado por los implicados en el «caso Invercaria». Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas, pasó del organigrama de Mediocom al de FIVA y para ello, no «cree» que «participara en ningún proceso de selección para desempeñar su trabajo». Por último, Gutiérrez Casillas inquirió a Stefan Mathesius, quien se incorporó a Invercaria en 2005, como autor de un informe sobre la sociedad de ferias que desarrolló en septiembre de 2008 y que le fue mostrado. ¿Quién lo encargó? Pérez Sauquillo, si bien, lo armó sin que el ex presidente de la empresa pública le facilitara «ninguna copia del contrato concertado con Novasoft». Mathesius reconoció haber trabajado en el observatorio de Innovación, pese a tener contrato con Invercaria. Aunque matizó que «no existían» personas en dicho observatorio dedicadas «con exclusividad» a ésta.