Griñán vuelve a anunciar una ley para proteger a los desahuciados

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, aseveró ayer ante el Pleno del Parlamento andaluz que el Consejo de Gobierno aprobará en las próximas semanas un Proyecto de Ley de defensa de los consumidores sobre productos hipotecarios, que persigue frenar las cláusulas abusivas de las entidades financieras y proteger «a los más débiles».

El presidente de la Junta, José Antonio Griñán, aseveró ayer ante el Pleno del Parlamento andaluz que el Consejo de Gobierno aprobará en las próximas semanas un Proyecto de Ley de defensa de los consumidores sobre productos hipotecarios, que persigue frenar las cláusulas abusivas de las entidades financieras y proteger «a los más débiles».

El socialista verbalizó el compromiso en la sesión parlamentaria de control al Gobierno andaluz, durante su turno de respuesta a una pregunta de IULV-CA sobre la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en relación a la Ley Hipotecaria española. Un fallo que Griñán valoró positivamente, sobre todo, en un contexto, España, «en el que se producen más de 500 desahucios cada día». Pero, ¿fue realmente un anuncio? No. La nueva norma ya fue avanzada en el pasado ejercicio por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, el izquierdista Diego Valderas.

Es más, en noviembre de 2012 desde la Junta se apuntó que la futura ley autonómica que amparará al mencionado colectivo de consumidores, y que ya entonces se preparaba, pretendía proteger tanto a las personas que tienen créditos hipotecarios y se encuentran con problemas para hacer frente al pago de los mismos, como a aquéllas que habrían avalado las operaciones de préstamos o créditos. Así lo explicó, de hecho, en un comunicado oficial, la secretaria general de Consumo, Dolores Muñoz, documento en el que apuntó además que el Proyecto de Ley buscará garantizar y reforzar la transparencia en la información que faciliten las entidades bancarias sobre la concesión de préstamos hipotecarios.

En cualquier caso, Griñán apuntó en la Cámara que «por parte del Gobierno –autonómico– se está dando aspecto formal» a la nueva normativa.

¿La encargada de hacerlo? La Vicepresidencia de Valderas.

Por su parte, el portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, puso el acento en los 84.000 desahucios que se han producido desde 1994 en la comunidad. Criticó que ninguno de los sucesivos gobiernos centrales de PSOE y PP se decidieran a modificar la Ley Hipotecara y optaran más bien por «endurecerla». En ese sentido, lamentó la que denominó estrategia de «demonización» de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en el punto de mira por la realización de escraches, y urgió al Gobierno del que forma parte su formación a contribuir para cambiar la situación. Horas más tarde, el Pleno expresó su respaldo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) tramitada ante el Congreso de los Diputados sobre la dación en pago con carácter retroactivo, la paralización de los desahucios y el fomento de alquileres sociales, gracias al voto favorable de PSOE-A e IULV-CA. El PP-A se abstuvo.

La Cámara autonómica instó además, por unanimidad, a la Junta a incorporar «los efectos jurídicos» de la sentencia del tribunal de la Unión Europea en la re-anunciada ley andaluza.