Guerrero exige a la Junta que le busque puesto como hizo con otros imputados

El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero quiere reingresar como funcionario en la Administración autonómica, pese a su imputación en la «macrocausa» de los ERE. Su abogado, Fernando de Pablo, ha registrado un escrito en la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para exigir que se ponga fin a la suspensión provisional de funciones de su cliente.

En el texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, Guerrero recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le reconoció su derecho a volver al servicio activo «con asignación de puesto de trabajo», el que la Junta ha frenado a golpe de resoluciones. Una situación que se prolonga ya por «más de 35 meses» en los que se le han abonado, siguiendo órdenes del TSJA, sólo las «retribuciones básicas», a pesar de «haber cesado la situación de prisión preventiva» y encontrarse «en la cualidad de imputado» por el juzgado que instruye los ERE, «al igual que otros trabajadores de esa Administración pública», se queja.

El ex alto cargo llama la atención sobre que su suspensión provisional se ha convertido en una «sanción encubierta de carácter punitivo», además de «arbitraria y discriminatoria». Es más, menciona en su escrito a catorce cargos encausados en el mismo proceso, pero que siguen prestando servicios «en distintos niveles de responsabilidad» y «percibiendo sus retribuciones íntegras», en muchos casos «con un nivel 30 consolidado», como el que el propio Guerrero tiene reconocido. Cita entre ellos a ex viceconsejeros como Antonio Lozano, Agustín Barberá o Justo Mañas; al también ex director general de Trabajo Daniel Alberto Rivera o al de Presupuestos, Buenaventura Aguilera.

Argumenta además que, de acuerdo a la normativa vigente, la suspensión de funciones provisional «se podrá imponer de manera ‘preventiva’ durante la tramitación de un procedimiento judicial», pero ésta no debe «extenderse más allá de los seis meses», salvo que «razonablemente este previsto el enjuiciamiento de la causa». Supuesto que no parece darse en los ERE, que, de momento, va camino de los cinco años de instrucción. «Las circunstancias que concurren en las presentes actuaciones, la complejidad de la causa, la multitud de personas, lo imprevisible de su enjuiciamiento, hacen imprescindible», sostiene, que la Junta actúe conforme a lo marcado por sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo, y acabe así con lo que en teoría era una medida cautelar, pero se ha transformado en «una situación claramente de carácter punitivo», insiste. En definitiva, Guerrero entiende que no sólo se le está «privando» de derechos básicos» como empleo y salario, sino que además se está «violentando» su derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y al honor. Por si al Ejecutivo de Susana Díaz no le queda claro el mensaje, pide a la Dirección de Recursos Humanos que atienda su reclamación porque, de no hacerlo, recurrirá de nuevo a los tribunales e interpondrá un recurso por la vía contenciosa-administrativa.

Imputado junto a 10 ex cargos

Y mientras Guerrero solicita recuperar su rol de funcionario, la instructora de los ERE, María Núñez, ha abierto una segunda pieza separada contra él y otros diez imputados por una ayuda sociolaboral concedida a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco), ubicada en Dos Hermanas (Sevilla). La jueza incluye en el nuevo bloque al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, los ex directores de Trabajo Rivera y Juan Márquez, los ex empleados de Vitalia Antonio Albarracín y Jesús Bordallo, dos letrados, dos responsables de Acyco y un «intruso».