Imputan a Herrero por la presunta estafa de las VPO

El final de Santiago Herrero al frente de la patronal andaluza está siendo accidentado. Una vez que ha anunciado su salida de la organización y ha dejado atada su sucesión –el presidente de los empresarios malagueños, Javier González de Lara, será su sustituto–, la juez de Instrucción número 3 de Sevilla acaba de concretar su imputación en el caso de una presunta estafa en la construcción de una promoción de VPO promovida por de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA, citándolo a declarar para el próximo 5 de marzo. Lo hará junto al secretario general de la organización, Antonio Carrillo –presidente de la fundación–, después de que la magistrada haya admitido a trámite la denuncia penal presentada por siete empresas suministradoras.

En la denuncia, estos empresarios reclaman el pago de una deuda de 600.000 euros y alertan de la existencia de «un plan para enriquecerse valiéndose de un entramado societario en el que están implicadas varias organizaciones empresariales, como la CEA y Dolmen Consulting». La promoción, denominada Isbylia, está formada por 583 VPO y está ubicada en el Polígono Aeropuerto de la capital hispalense.

Convenio de colaboración

La juez también ha citado a declarar, entre otros, al ex vicepresidente de la CEA Juan Salas Tornero y a los máximos responsables de la promotora Dolmen Consulting. Además, insiste a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía que aporte el expediente por el que concedió una ayuda de 1.749.000 euros para la construcción de las VPO e informe sobre la situación actual de dicha ayuda. También le pide que aporte el convenio de colaboración suscrito por la fundación.

De forma paralela, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb) ha instado ante los juzgados de lo Mercantil de Sevilla al concurso de acreedores de la fundación.

Fuentes de la Sareb indicaron que, además, han trasladado a la Fiscalía de Sevilla la documentación relativa a la situación de dicha fundación que obra en su poder sobre este proyecto, toda vez que, según las fuentes, «no estaba justificada la utilización de esos fondos para las viviendas y había un desfase de entre 12 y 14 millones de euros».