Imputan a seis directivosde Banca Cívica por laventa de suelos para VPO

El Juzgado de Instrucción número cinco de Sevilla, a raíz de la denuncia promovida por la promotora «Urbanizadora Rojas» contra la antigua Cajasol a cuenta de la operación de compra de los terrenos bautizados como BP5 del desarrollo urbanístico de Entrenúcleos, en el municipio sevillano de Dos Hermanas, ha resuelto la imputación de seis personas, directivos de la antigua Banca Cívica y CaixaBank, entre las que figura Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol y máximo dirigente de la citada y extinta caja de ahorros.

La denuncia expone que la entidad era la propietaria de los citados suelos, un activo «tóxico» cuya adquisición «impuso» supuestamente Cajasol al Grupo Inmobiliario Ferro, al que pertenece «Urbanizadora Rojas», durante la negociación de «soluciones» financieras a los «problemas» que este grupo promotor sufría. Las negociaciones estaban sometidas a la obligación de Cajasol de otorgar una financiación en condiciones supuestamente «inmejorables y preferenciales», señala la denuncia, porque en aquellos momentos la situación de la empresa hacía «desaconsejable» operaciones inmobiliarias de esta naturaleza. La empresa, así, fue presuntamente «obligada a comprar dicho terreno a un precio superior a lo permitido por ley en casi cuatro millones de euros».

Cajasol, a pesar de la prohibición, «procede a la imposición de la compra a Ferro a un precio muy superior, aprovechando la situación de desesperación y ahogamiento financiero de la empresa y bajo el engaño de que era la única solución para generar recursos para atender su endeudamiento», señala la denuncia, toda vez que finalmente, el grupo Ferro no habría gozado de la financiación acordada en esta operación dando lugar al conocido conflicto que rodea a estas viviendas protegidas del sector Entrenúcleos.

A tal efecto, el grupo Ferro acusa a Cajasol de incumplir las «condiciones de disposición del préstamo» acordado, algo «fundamental para la aceptación de la compra del terreno de referencia», y calcula más de 34 millones de euros en concepto de posibles daños y perjuicios.

Por su parte, fuentes de la entidad indicaron que la empresa denunció porque «se produjeron dos denegaciones de crédito, ya que no cumplían con las garantías». Igualmente, indicaron que fue el comité de riesgos –formado por personal técnico y no por los directivos– el que denegó esa operación de préstamos dos veces, una cuando aún operaba Banca Cívica y otra cuando ya estaba CaixaBank. No obstante, los directivos aseguraron que están «tranquilos» ante este proceso judicial.