Invercaria cuenta con una partida para sus «procesos jurídicos»

La decisión de la Junta de Andalucía de dirigir la defensa jurídica del ex consejero Francisco Vallejo en una de las piezas separadas del «caso Invercaria» contrasta con la propia autonomía de este ente público para contratar sus propios servicios de asesoramiento jurídico, tal y como consta en la Memoria del Presupuesto de 2017 pendiente de aprobar en el Parlamento de Andalucía.

El Gobierno andaluz pretende ser defensa y acusación –está personado a través de la Agencia IDEA, ente público de la Consejería y socio único a su vez de Invercaria– en el procedimiento que instruye el juez Juan Gutiérrez Casillas. Esta circunstancia ha motivado que el Partido Popular, presente como acusación, haya presentado un escrito al magistrado oponiéndose a esta circunstancia. En principio, la defensa de Vallejo la debe asumir el gabinete jurídico propio de la Administración andaluza. Tal y como publicó recientemente ese periódico, el Ejecutivo autonómico cuenta con 87 abogados, de los que 78 se encuentran en activo, tres de ellos destinados a «servicios especiales» y otros nueve están en excedencia. La cifra se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía bajo el epígrafe «relación circunstanciada de todos los letrados» para el año judicial en curso 2016/2017.

Sin embargo, Venture Invercaria –nueva denominación social de Inversión y Gestión de Capital riesgo de Andalucía (Invercaria) tras la modificación del artículo 1 de sus estatutos el pasado 10 de septiembre de 2015– cuenta con una partida presupuestaria propia en las cuentas para 2017 destinada a pagar los servicios legales, laborales y fiscales para la cobertura de las necesidades «que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abiertos la sociedad, tales como procedimientos judiciales o derivaciones de responsabilidad, productos de su política de inversión». El más conocido de ellos es el «caso Invercaria» que investiga el juzgado de Instrucción 16 de Sevilla.

La partida en cuestión asciende a 67.675 euros y supone el 10 por ciento de los gastos de la empresa pública para el próximo ejercicio, que asciende a 670.334 euros. A ello hay que sumar casi 20.000 euros que se reservan para servicios de consultoría, para «la optimización y respuesta a procedimientos legales que se lleven a cabo». El resto de gastos se destinan fundamentalmente a pagar los salarios del personal. La plantilla actual de la sociedad cuenta con 10 trabajadores y segura que «está dimensionada para llevar a cabo el objeto social de la sociedad, dando cobertura al grupo de empresas Invercaria». La realidad es que se lleva 491.704 euros, el 73 por ciento de lo presupuestado, casi 3 de cada 4 euros.

Los ingresos de Invercaria se reducen fundamentalmente a su labor como «comisionista» de los encargos de la Agencia IDEA, su matriz. Así figura en el proyecto de presupuesto: «acorde al convenio firmado entre Venture Invercaria y la Agencia IDEA, regulador de determinados aspectos de la gestión de los programas de incentivos Campus y Atlantis, firmado el 16 de Julio de 2010, la sociedad tiene previsto facturar un importe de 409.029 euros. Este importe depende tanto del volumen gestionado de los préstamos como de las comisiones de éxito devengadas por el retorno de los mismos».

Hay que recordar que los peritos de la Intervención General del Estado, en un informe entregado al juez del caso en el que analizaban anteriores ejercicios presupuestarios, aseguraron que Invercaria «no tiene, ni puede tener, competencia ni capacidad jurídica para gestionar los fondos que recibe de IDEA regulados por las órdenes de incentivos, al tratarse de una actividad administrativa» que está «prohibida» para «las empresas», además de haber sido «expresamente» asignada a la agencia.

Igualmente, también incluye «una facturación de 100.000 euros por los servicios prestados por el personal de Venture Invercaria a Innova Venture en función del contrato de arrendamiento de servicios de apoyo a la gestión entre ambas sociedades». Esta última sociedad es la que asume «la administración y gestión de los fondos de capital riesgo y de los activos de sociedades de capital riesgo» dentro del conglomerado de la Junta de Andalucía.

El gasto supone el 10% de su presupuesto y aun así son los abogados de la Junta quienes asumen la defensa del ex consejero Vallejo