Invercaria pagaba a una secretaria que entró «a dedo» casi 2.000 euros al mes

El juzgado de Instrucción 16 de Sevilla dirime la posible responsabilidad penal en el manejo de los fondos públicos en la empresa pública de capital riesgo Invercaria. Lo que, a tenor de las declaraciones judiciales, ha quedado constatado es la discrecionalidad con la que se manejó la política de contrataciones, tanto de las empresas –que ejercían de socios-proveedores– como de los trabajadores, que en la mayoría de los casos no pasaron ningún proceso de selección.

El magistrado del caso tomó ayer declaración en calidad de testigos a Salvador Linares, ex director del proyecto de Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), y la coordinadora del mismo, Pilar Jiménez. Ambos entraron a trabajar en el proyecto –financiado con fondos públicos– sin un proceso de concurrencia competitiva. El primero tenía relaciones profesionales con Gonzalo Alba –ex trabajador de Invercaria imputado en la causa por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsificación y tráfico de influencias y que entró a su vez a trabajar allí por mediación del sobrino de Felipe González –; la segunda conocía a Tomás Pérez-Sauquillo –presidente entonces de la sociedad de capital riesgo– porque es familiar lejano de su madre, según consta en su declaración, a la que ha tenido acceso este periódico.

Según señaló Pilar Jiménez en sede judicial, aunque su cargo era el de coordinadora de FIVA, lo que realmente realizaba eran funciones de secretaria consistentes en «asistir a reuniones de los técnicos para transmitirle la idea del diseño de portal que quería Tomás Pérez-Sauquillo; llevar a la notaría documentación; a gestoría facturas; revisar las notas de prensa; o invitar a las empresas a la presentación del proyecto FIVA por carta y por correo electrónico». Licenciada en Historia, tenía un sueldo de 1.916 euros al mes netos.

Como la actividad del proyecto FIVA –en el que la Junta ha invertido 1,6 millones de euros– disminuyó, le redujeron la jornada «la mitad o menos» e Invercaria le contrató como auxiliar administrativo el resto de horas hasta las 40 semanales –donde también hizo labores de traducción de español a inglés–.

Por su parte, el ex director del proyecto FIVA también tuvo un camino laboral de ida y vuelta. Fue contratado para este proyecto y cuando fue despedido recaló en la empresa pública con un contrato mercantil con una remuneración de 22.000 euros para asesorar al presidente de Invercaria sobre las empresas participadas.

Sobre el portal de internet, Linares culpó a Novasoft –una de las empresas que actuaban como socios-proveedores– del mal desarrollo del proyecto tecnológico y aseguró que «cree que hubo menos horas trabajadas de las previstas para el desarrollo de esa herramienta». Una anomalía que puso en conocimiento «de los directivos de FIVA y de Invercaria».

Pese a ello, cree que el portal era «viable» y que la clave para que fracasara fue «la falta de apoyo o abandono por parte de la Consejería de Innovación», de la que depende Invercaria y que era de donde salía el dinero.

A los casos de Salvador Linares o Pilar Jiménez hay que sumar otros como el del ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto, que entró a trabajar por amistad con Tomás Pérez-Sauquillo y que admitió que sólo tenía estudios de Bachillerato y no tenía «ni idea de capital riesgo» o el ya mencionado de Gonzalo Alba, amigo de Juan María González, sobrino de Felipe González y que también estaba contratado por Invercaria y llegó a presidirla durante meses.