Investigan las subvenciones al Consorcio «Fernando de los Ríos»

SEVILLA- El magistrado que investiga el «caso Invercaria» ha solicitado a la Junta de Andalucía que traslade al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional «los expedientes íntegros, indexados y foliados que se hayan tramitado para la concesión de subvenciones excepcionales concedidas en 2008 al Consorcio para el Desarrollo de Políticas en materia de Sociedad de la Información y el Conocimiento de Andalucía 'Fernando de los Ríos'». La solicitud responde a su vez a una petición de la representación legal del PP, personado en la causa, y que «con la finalidad de esclarecer los ingresos que Electric Devices Manufacturer (EDM) e Informática Graef hayan podido percibir de fondos públicos provenientes de la Junta de Andalucía» se aclare las subvenciones que recibió el mencionado Consorcio. EDM e Informática Graef, entre otros trabajos para la administración andaluza, eran los encargados del mantenimiento de la red Guadalinfo, responsabilidad de esta entidad de derecho público que tiene el encargo por parte de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo y de las ocho Diputaciones Provinciales de «desarrollar y desplegar en todo el territorio de la Comunidad aquellos proyectos y actuaciones conducentes a la implantación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento entre la ciudadanía».

En este contexto, recibió en 2008 tres subvenciones excepcionales por parte de la Junta con cargo al programa 54B de casi 47 millones de euros cuando la Ley General de Hacienda mandata que es «obligatorio el acuerdo del Consejo de Gobierno para autorizar la concesión de subvenciones y ayudas cuando el gasto a aprobar sea superior a 500.000.000 de pesetas».

No es la única reclamación del juez instructor Juan Gutiérrez Casillas, que también se interesa por las modificaciones presupuestarias –como en el caso de los ERE–. Solicita a la Junta que envíe al Grupo de Blanqueo los cambios en la partida 72A que se hayan tramitado «desde el ejercicio 2005 hasta la actualidad; así como todos los reparos, informes o expedientes en general que se hayan formulado por la Intervención General».

Igualmente, insta a la Consejería de Hacienda a que remita los programas de control financiero permanente de empresas públicas aprobados desde 2005 hasta la fecha. La Junta sacó a Invercaria de este control.

Por último, pide información sobre los «mochileros» de la empresa de capital riesgo, personas contratados por el ente pero que no ejercían su labor allí.